Estas cifras aún están lejos de los 5 millones de hogares que el Gobierno preveía que se beneficiaran del bono social, que entró en vigor el 1 de julio y que supone la congelación de la factura eléctrica.
Dado que la tarifa eléctrica subió un dos por ciento en julio, un consumidor medio, que paga unos 33 euros al mes, se ahorra actualmente menos de 0,66 euros, ya que parte de la factura corresponde a conceptos que no tienen que ver con el consumo (como el alquiler del contador o la potencia contratada).
El ahorro a partir de enero dependerá de la próxima revisión de la tarifa de último recurso (TUR), la única que desde julio fija el Gobierno y a la que pueden acogerse los clientes con potencias inferiores a los 10 kilovatios (Kw).
Las compañías eléctricas estiman que el bono social les supondrá el próximo año un coste de 150 millones de euros.
Tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en situación de desempleo.
Ahora, los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kW pueden elegir entre acudir al mercado o acogerse a tarifa, en tanto que los que superan ese límite deben contratar su suministro con una comercializadora que opere en el mercado libre si no quieren ser penalizados.
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