La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha reclamado este viernes un cambio en el protocolo de uso de armas en defensa de la vida que evite asesinatos de agentes como el ocurrido en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, cuando hubo dos fallecidos al ser embestidos por una narcolancha.
Coincidiendo con las testificales judiciales de los guardias civiles que sobrevivieron al ataque mortal, este colectivo ha urgido a modificar el protocolo que regula el uso de las armas para prevenir futuros crímenes que causen nuevas muertes de agentes de la autoridad en el desempeño de su deber en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
"Esta demanda cobra especial relevancia tras las manifestaciones de hace algún tiempo por el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, quien señaló la existencia de una cierta cultura que presiona a los agentes de la autoridad a que no utilicen las armas", ha señalado.
Según JUCIL, un "falso principio de proporcionalidad" ha llevado a la situación actual en la que los guardias civiles dudan de usar las armas con las que están dotados ante ataques cada vez "más violentos y furibundos".
"Los guardias civiles necesitamos tener claro cuándo, en defensa de la vida de los ciudadanos o de nuestra propia vida, podemos hacer uso de las armas frente a las muestras de violencia que soportamos", ha señalado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
En su opinión, lo ocurrido a bordo de la embarcación arrollada por narcotraficantes en Barbate representa "un trágico ejemplo de estas circunstancias".
Por ello, esta asociación que protege los derechos laborales de los guardias civiles reclama una legislación que defina, con claridad, cuándo es conveniente recurrir a las armas en defensa de los ciudadanos o de su propia vida.
Ve "esencial" que se dote a las fuerzas de seguridad de los recursos adecuados, desde chalecos antibalas a embarcaciones, helicópteros de última generación y cámaras unipersonales de grabación para garantizar su seguridad y eficacia en el desempeño de sus funciones.
La asociación profesional considera que los ahora detenidos, cuya narcolancha según el informe de la UCO de la Guardia Civil no fue la que embistió a la barca en la que viajaban los guardias civiles, deben de seguir en prisión preventiva ya que, aunque no serían responsables del asesinato, sí se los acusa de otros delitos graves como contrabando y pertenencia a una organización criminal.
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