Las organizaciones Asaja, UPA y Coag y cooperativas andaluzas se han mostrado en contra de la reforma que impulsa el Ministerio de Agricultura en su reglamento de transición para la aplicación de la PAC en los años 2021 y 2022 por los perjuicios que ocasionará a los agricultores y ganaderos andaluces.
Por este motivo han remitido una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, tras conocer el proyecto del Real Decreto por el que se establecen disposiciones específicas para la aplicación de la PAC (Régimen transitorio) en los años 2021 y 2022 y hasta la entrada en vigor de la nueva reforma de la PAC, previsiblemente en 2023.
Un aspecto especialmente preocupante para el campo andaluz es la propuesta de convergencia para 2021 y 2022 y las repercusiones que tendrá para los agricultores y ganaderos de Andalucía, que es la mayor perceptora de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en España y una de las más importantes en el ámbito europeo.
Estas organizaciones defienden que, si el Estado español considera adecuado que dicha convergencia siga aplicándose en este periodo transitorio, se debería hacer en la misma proporcionalidad que, de forma anual, se ha hecho en 2015-2019.
De ahí que las alegaciones que las organizaciones andaluzas presentan al borrador del texto se basen en los criterios de progresividad que se han aplicado en el periodo 2015-2019, según consta en la carta remitida al ministro.
En este sentido alegan que la aplicación de la propuesta del Ministerio "penalizaría injustamente a muchos titulares al utilizar estas dos anualidades (2021 y 2022) no para mantener el carácter transitorio, sino para incorporar cambios que distorsionarían en gran medida los valores unitarios de los derechos de pago básico".
"Esto de alguna manera constituye una reforma previa a la nueva reforma de la PAC en un periodo transitorio, en el que precisamente debe evitar cambios traumáticos en la actual aplicación de la PAC, por lo que no cabe una reforma de la reforma”, aducen las organizaciones y cooperativas andaluzas.
En definitiva, solicitan que, si el Ministerio de Agricultura decide continuar con la convergencia iniciada en 2015, debe mantener la misma “senda” de convergencia y aplicar los limitadores que han permitido una evolución suave de los pagos.
Es decir, la limitación de las pérdidas para aquellos titulares con importes superiores a la media regional debe garantizarse al mismo nivel que se ha hecho en todo el periodo 2015-2019, ya que, de lo contrario, "se estaría rompiendo la evolución paulatina y sin grandes disrupciones que ha caracterizado la implementación de la PAC, en general, y la aplicación de la convergencia en particular.
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