La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia la “existencia de indicios de posible responsabilidad contable” en la sociedad Cádiz 2000, por lo que ha puesto los hechos en conocimiento de la sección de enjuiciamiento de este tribunal. Estos hechos han sido notificados al Partido Popular, que en octubre del pasado año remitía un escrito por el que denunciaba presuntas irregularidades en la decisión adoptada por el presidente de la citada sociedad, Álvaro de la Fuente, de llevar a cabo la subrogación del personal que desempeña el servicio de limpieza de las playas.
El Tribunal de Cuentas tiene ahora que nombrar a un delegado instructor que abra las diligencias oportunas para averiguar lo ocurrido.
En una rueda de prensa ofrecida por el portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, añadía que desde el pasado mes de noviembre De la Fuente está “cesado” como presidente y consejero de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000. Este segundo hecho, informado por los populares, tiene lugar tras la celebración de la Junta General de Cádiz 2000 donde se aprobaba el inicio de acciones sociales de responsabilidad de reclamación patrimonial de la Sociedad Cádiz 2000 al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación, en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas, cuantificándose el importe de la responsabilidad para que pueda reclamarse en base al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Este punto se aprobaba con los votos del PP, Ciudadanos y la abstención de los socialistas. Tras este punto, según la Ley de Sociedades, en el apartado 3 del artículo 238, el presidente de Cádiz 2000 queda cesado y apartado del consejo. “Y nadie ha dicho nada. De ahí que el PP haya remitido un escrito al secretario para ver si desde la sociedad se han estado tomando decisiones desde ese momento".
Para los populares, Cádiz 2000 “está paralizada desde entonces, lleva tres meses sin firmar sin llevar a cabo acciones, y se pone en riesgo la temporada de playas que comienza en Semana Santa, dentro de un mes y medio”. Asimismo, indican que “nos tememos que el proceso de municipalización esté costando más de lo que pensaba el alcalde, con los juicios con los trabajadores, que están perdiendo y tendrán que readmitir”, insistió Romaní.
Por su parte, Bruno García León, consejero de la sociedad, incidía en que “nosotros advertimos previamente a que se llevara adelante la municipalización que podría haber consecuencias patrimoniales en las decisiones unilaterales de De la Fuente”. Se avisó al equipo de Gobierno y al PSOE y se “está demostrando lo que vale la palabra del alcalde de la ciudad, José María González, y del portavoz socialista, Fran González, que es quien ha facilitado esta chapuza”, apunta Romaní.
A partir de ahora, el alcalde debe convocar la Junta General y poner a un nuevo presidente de la sociedad. No obstante, también los propios consejeros tienen la opción de solicitar la convocatoria de dicho órgano. “Nosotros estamos abierto a negociaciones con todos. Venimos trabajando para avisar el equipo de Gobierno, a los que alertamos previamente, por lo que se podía haber evitado todo esto”.
A partir de ahora, cuando se nombre al instructor por el Tribunal de Cuentas, puede pasar el tanto de culpa a los tribunales ordinarios o una liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, Letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo.
También se puede producir el requerimiento de los presuntos responsables para que depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance, más el cálculo, también provisional, de los intereses que pudieran resultar procedentes, bajo apercibimiento de embargo o embargo de los bienes de los presuntos responsables a no ser que tuviesen afianzada, o afianzasen, en forma legal, sus posibles responsabilidades en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
Respuesta municipal
El concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ha negado que la Fiscalía haya abierto diligencias por apreciar indicios de responsabilidad contable en el proceso de municipalización, como ha asegurado hoy el portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní. "El Partido Popular miente descaradamente una vez con el único objeto de embarrar la política municipal y de desgastar al Equipo de Gobierno, tal y como nos tiene acostumbrados desde hace dos años y medio. Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas, que es donde el PP ha presentado la denuncia, es abrir diligencias preliminares como paso habitual en este tipo de procedimiento, y ello tras esa denuncia presentada por el PP, no porque vea indicios", ha aclarado el edil.
Es por ello que ha lamentado que el Partido Popular "recurra siempre a los tribunales, como ha vuelto a hacer en este caso, en busca siempre de titulares con los que sólo pretende hacer ruido, sin importale lo más mínimo faltar a la verdad".
Asimismo, sobre las dudas legales sobre el acuerdo, De la Fuente ha explicado que se está a la espera de que tanto el secretario del Consejo de Administración como el asesor jurídico externo de Cádiz 2000 y la secretaría general del Ayuntamiento establezcan el criterio a seguir en este asunto.
En este sentido, tras el documento recibido por parte del Tribunal de Cuentas, De la Fuente explica que se está en período de alegaciones, habiéndose aceptado una prórroga de diez días a partir de hoy, y se va a convocar una junta general en torno a esta situación.
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