El joven que denunció por abusos sexuales al padre Román, quien resultó absuelto en el conocido como "caso Romanones", ha formalizado un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se anule el fallo de la Audiencia de Granada que lo obligó a pagar las costas de la defensa, y que las declare de oficio.
El denunciante basa su recurso de casación, presentado ante la Sala Segunda y al que tenido acceso Efe, en un motivo único relativo a la imposición de costas a las que tribunal granadino lo condenó, entre otros motivos, por la inconsistencia del relato del acusador particular o la falta de convicción del testimonio.
La Audiencia de Granada apuntó en este sentido a aspectos en el relato absolutamente inverosímiles, una conducta desleal y reprochó al joven haber dado lugar a un proceso excepcional.
El recurrente sostiene ante el Supremo que tal fundamentación nada tiene que ver con "mala fe o temeridad" y entiende que los razonamientos de la Audiencia para imponerle las costas procesales de la defensa "no están justificados".
En su exposición recuerda que, en la tramitación del sumario, se puede comprobar cómo fue el Juzgado de Instrucción con intervención de la Fiscalía, sin conocimiento de la acusación particular por el secreto que pesaba sobre el procedimiento, quienes debieron apreciar indicios de verosimilitud en la denuncia.
Recuerda además que, cuando el instructor decidió levantar el secreto sumarial, todas las diligencias de investigación estaban practicadas sin intervención de la acusación particular, que no pidió ni una sola diligencia de investigación a su cargo o a su instancia.
"Sólo el instructor y el Ministerio Público que estuvo presente incluso en los interrogatorios del denunciante, han intervenido activamente en los primeros pasos de la instrucción", recoge el recurso, que recuerda que la acusación particular ha "caminado de la mano" de la Fiscalía hasta el último trámite procesal.
Finalmente, también argumenta que la actuación de la acusación particular no ha originado por tanto en el proceso ningún gravamen innecesario, ninguna carga, ningún exceso de diligencias de investigación o prueba a su cargo que le haga merecedor del pago de las costas procesales de la defensa.
Tras conocer la formalización, el letrado Javier Muriel, que defendió en el proceso al padre Román, ha manifestado a Efe que el recurrir sólo las costas implica la firmeza y aceptación de la absolución e inocencia del sacerdote denunciado.
"El denunciante vuelve a retratarse al intentar culpar a otros por haberse revelado con contundencia sus falsedades, incluso ahora culpa al propio Papa", ha señalado el letrado, al que extraña que la asociación Prodemi, que fue acusación popular, no haya recurrido ante el Supremo como anunció "hasta la saciedad".
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