El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, encargado del caso, ha decretado el levantamiento parcial del secreto que pesaba sobre el sumario contra la corrupción municipal en dicha localidad. En concreto, se acuerda esta medida respecto de los seis primeros tomos, que suponen desde el folio uno al 2.857, "donde constan todas las actuaciones practicadas hasta principios de junio de 2008", mes en el que se desarrolló la operación policial.
La denuncia de ambos ediles, a parte de la cual tuvo acceso Europa Press, fue formulada el día 16 de noviembre de 2006 y en ella se establece que los dos "llevan ejerciendo el cargo desde el mes de junio de 2003 y en el tiempo transcurrido han venido observando distintas irregularidades, las cuales llevan a pensar que pudieran estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del Ayuntamiento de Estepona".
La Fiscalía inició las diligencias de investigación penal el 9 de enero de 2007 "a virtud de documentación remitida por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, relativa a hechos denunciados por Cristina Rodríguez y David Valadez sobre presuntas irregularidades que han conocido y se han producido en el Ayuntamiento de Estepona, siendo ambos concejales de la actual corporación".
En la denuncia se establece que con el fin "de justificar lo mencionado hicieron entrega en estas dependencias de abundante documentación precedida de un escrito en el que realizan una exposición de hechos que han venido ocurriendo en el citado Ayuntamiento".
La operación policial se inició el 17 de junio de 2008 y el caso se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal hay ocho imputados, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos, tras negarse a entregar sus actas, tal y como les exigió su partido tras su imputación.
A raíz de este caso ingresaron en prisión el ex alcalde, Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en prisión seis meses y se encuentran desde diciembre de 2008 en libertad bajo fianza de 150.000 euros.
Declaraciones pendientes
Por otro lado, en el auto del levantamiento, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza sustituta acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones por un mes respecto del resto de las diligencias, es decir, desde el tomo siete en adelante, y de las piezas documentales, con el fin de proteger las líneas de investigación que actualmente se desarrollan.
En este sentido, se precisa, además, que como los imputados no están ya en prisión "el levantamiento íntegro del secreto podría facilitar la eliminación de pruebas, a la vez que contaminaría las declaraciones de imputados y testigos aún pendientes de practicar a la luz del resultado de los informes solicitados".
Asimismo, se indica que procede la prórroga del resto, puesto que "la Policía Judicial sigue investigando sobre los hechos denunciados, que, dada la complejidad de la causa, su gran volumen y el número de imputados, requieren de varias líneas que actualmente están en su fase álgida".
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