La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) de Andalucía ha recibido de la Junta de Andalucía el borrador de una norma para establecer el papel, las tareas, los ámbitos, los espacios y los límites que en el marco de la evaluación general del sistema educativo les corresponde a la Agencia Andaluza de Evaluación y al resto de órganos administrativos, compromiso adquirido por la administración tras el conflicto abierto por la instauración del Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo Andaluz 2012-2016.
Dicho documento, según ha explicado a Europa Press el presidente de Adide Andalucía, Ángel Ruiz Fajardo, no ha satisfecho al sector, que presentará su propio texto alternativo ante la convicción de que al de la Junta "no hay por donde cogerlo", ya que "aunque éste iba a dar con el rango oportuno que pudiera resolver el conflicto, esto no se da".
En este sentido, Ruiz Fajardo ha apuntado a una inminente reunión con la Consejería al respecto, con el fin de tratar de alcanzar un consenso relativo a un borrador que "tenía que delimitar escenarios, tiempos y agentes en los procesos de evaluación, pero que lo deja todo en el aire y no concreta nada, sin pasar de ser un refrito de la legislación vigente".
"Si nos atenemos a razones, navegaremos juntos; si no, habrá un enfrentamiento que veremos cómo se resuelve", ha resumido el presidente de Adide Andalucía, que ha aludido a la necesidad de que el compromiso de no externalización "esté por escrito". Ha añadido que el colectivo ya barajaba la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el plan "que no se llevó a cabo por el inicio de un proceso de negociación".
El consenso alcanzado entre las partes comprendía, entre otros aspectos, garantías de no externalización de servicios y la apertura de una negociación paralela de cuestiones que el sector considera "históricas".
Estas demandas están relacionadas con la actividad profesional y la carrera y situación laboral de los inspectores, ejemplificando en la necesidad de incidir en aspectos formativos que este segmento cree convenientes y recalcando que "no reclamamos dinero, porque somos muy conscientes del momento en que vivimos".
En todo caso, se garantizarían las funciones y atribuciones de evaluación y supervisión que, por ley, corresponden a la inspección educativa, a la vez que se impediría la creación de redes y la externalización de tareas, servicios y personas y la "intrusión" de agentes evaluadores externos y ajenos al sistema educativo.
Adide, finalmente, responsabilizaba a la Viceconsejería de Educación de los "reiterados" incumplimientos y la situación de conflicto derivada, lo que desemboca en "su pérdida absoluta de credibilidad e interlocución ante el colectivo de la Inspección de Educación de Andalucía".
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