Por otro lado, reconocen desde el organismo municipal que se le han dado diez días hábiles para contestar desde que reciban el escrito de la OMIC, conforme a la Ley de Consumidores Andaluza y el decreto regulador de las hojas de reclamaciones. Si pasado ese plazo, que se termina la semana próxima, no contestan a estas reclamaciones o la contestación no satisface a los consumidores, el papel de la OMIC terminará derivando las reclamaciones al Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía para que la adminitración autonómica para que inicien el correspondiente expediente sancionador y comunicando a los reclamantes las vías de resolución que les quedan, que no son otras que el trámite a los Tribunales Ordinarios de Justicia para recibir una respuesta adecuada.
Según tienen entendido desde este organismo, algunos de los usuarios han contactado con distintos abogados e incluso a través de las redes sociales se ha creado, como ya se ha anunciado en este medio en otras ocasiones, una plataforma de afectados que también está en contacto con un despacho de abogados de Sevilla, haciendo gestiones para conocer las propuestas que puedan llevar a cabo para solucionar la situación legal en la que se encuentran.
Pero la OMIC no puede aconsejar algunas de las vías que pueden ir haciendo posible los usuarios para intentar solucionar el problema sino informar de que se tiene conocimiento de la plataforma de usuarios.
51 con celeris
De las 234 reclamaciones, 51 usuarios firmados contrato de financiación con Celeris Servicios Financieros y todos ellos han recibido ya de dicha entidad un escrito en el que se les comunica que se cancelan sus contratos de financiación y que les devolverán las cuotas que hayan pagado desde el mes de octubre, teniendo en cuenta que el gimnasio, que estaba instalado en Bahía Mar, cerró sus puertas al público a partir del 1 de octubre, sin que se diera a conocer dicha decisión a los usuarios en ningún momento, que conocieron la noticia por medio de rumores.
Solucionados
Por tanto, más del 20% de las reclamaciones sí se han solucionado, gracias a la colaboración de la entidad financiera, que podría haberse negado a paralizar los contratos hasta que se lo ordenanran los tribunales, pero Celeris, en base a la alarma social generada y entendiendo que los usuarios tenían toda la razón, ha optado por cancelar los contratos tras numerosas conversaciones y gestiones realizadas desde la OMIC en este sentido, pues ha costado también que los dirigentes de esta entidad dieran su consentimiento para que se llevara a cabo esta actuación.
Es necesario recalcar que para que Celeris cancele los contratos de financiación exige, porque así lo apunta a su vez la Ley de Crédito de Consumo, que los usuarios afectados presenten una reclamación formal, de ahí que es importante que los afectados sepan que es un requisito imprescindible acudir a la OMIC con toda la documentación de la financiera para que se les gestione la cancelación de sus contratos. Por lo tanto, aquellos que aún no hayan acudido a la calle Nevería deberían hacerlo cuanto antes para que no se cumplan los plazos legales exigidos y se pueda dar una pronta respuesta.
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