La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que se arbitre un mecanismo para que haya "una cierta homogeneidad de doctrina" en el Tribunal Supremo para dar respuesta a las comunidades que pidan la puesta en marcha de medidas que limiten derechos fundamentales sin el estado de alarma.
Montero, que ha participado este jueves en la presentación del Plan Industrial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha opinado que la posición expresada por la Fiscalía sobre estas restricciones significa que está "intentando alertar" de la importancia de que existan "todas las cautelas" para preservar derechos fundamentales.
Además, entiende que la Fiscalía mantiene que si hay que limitarlos y las comunidades "como última opción" tienen que dictar toque de queda o confinamientos perimetrales deben hacerlo "con la justificación oportuna" y con el refrendo del poder judicial.
Ha dicho que el Gobierno central siempre ha mantenido que es "bueno y conveniente" que para limitar derechos fundamentales de los ciudadanos, como de reunión o movilidad, existan al menos dos poderes del Estado que lo refrenden.
En el caso del Gobierno era el poder ejecutivo y el legislativo con el estado de alarma, mientras que para las comunidades deben ser los poderes ejecutivo y judicial.
Ha indicado que debe haber "una especial garantía y tutela" de los derechos de los ciudadanos, que se deben tratar "con mucho respeto y sabiendo que hay que extremar las precauciones".
El Ejecutivo central considera "correcto" que se arbitre un mecanismo por el que el Supremo pueda unificar el criterio sobre los casos donde las comunidades pidan la puesta en marcha de una medida.
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