Pizarro, que inauguró el foro 'Encuentros' organizado por 'El Correo de Andalucía', bajo el título 'Las nuevas leyes locales a debate', se mostró partidario de continuar con el diálogo en torno a esas normas -que ya han sido remitidas al Consejo Consultivo- y expresó la voluntad del Ejecutivo de alcanzar un "gran pacto" que permita sacarlas del rifirrafe político y de la estrategia política "legítima" que cada partido tenga a la hora de criticar al Gobierno, porque es lo "que exigen" los alcaldes andaluces.
"Exigen que el Gobierno y los partidos estemos a la altura de las circunstancias para poder alcanzar ese gran acuerdo en torno a las dos leyes locales, como se alcanzó para la aprobación del Estatuto de Autonomía", indicó el consejero, que recalcó que la voluntad del Ejecutivo es aprobarlas en este mes de diciembre para que sean remitidas al Parlamento antes de que finalice el actual ejercicio.
Se mostró convencido de que esta ley marcará un "auténtico hito histórico" y un "antes y un después" en la historia de los ayuntamientos no sólo en Andalucía, sino también en España. Valoró que Andalucía, una vez más, se sitúe a la vanguardia en el país impulsando una norma que sentará las bases del funcionamiento del nuevo modelo local tanto en esta comunidad como en el resto del territorio nacional.
El primer pilar sobre el que se asentará la norma, según añadió Pizarro, será el establecimiento de las competencias propias de los ayuntamientos, un listado que se ve reflejado en el artículo 9 del anteproyecto que ha elaborado el Ejecutivo. Quiso dejar claro que ninguna competencia propia del ayuntamiento podrá ser aminorada por la Junta a través de una ley sectorial.
Asimismo, puso de manifiesto que esta norma también evidencia una clara reducción del control de la administración autonómica sobre determinados actos municipales, lo que supone menos tutela de la Junta sobre los consistorios. "Se deja claro que los ayuntamientos no son meras instituciones administrativas, sino que tienen legitimidad política", sentenció el consejero.
Luis Pizarro también quiso poner de manifiesto durante su intervención el importante "esfuerzo" económico que la Junta ha hecho en los Presupuestos de la comunidad para dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos, lo que ha supuesto el incremento del fondo de nivelación de los servicios municipales hasta 200 millones en el próximo ejercicio.
Paralelamente a la Ley de Autonomía Local se pondrá en marcha también la Ley de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, cuyo fondo para 2011 se estima en una dotación de 420 millones, según apuntó el consejero, quien lamentó que desde los partidos de la oposición se abra un "debate interesado" y ya "superado" acerca de si esa participación tiene que ser sobre los ingresos o sobre los recursos de la comunidad.
El consejero insistió en que la de Autonomía Local es una norma de carácter "estatuyente" que requiere del "máximo consenso" entre el Gobierno, los partidos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
La posición de la FAMP y de los partidos políticos
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (PSOE), dijo ayer que espera que en el trámite parlamentario se elimine el "tufillo de tutela" por parte de la Administración andaluza hacia los ayuntamientos que, según dijo, contiene el anteproyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Toscano indicó que se tiene que producir un "respeto mutuo" entre las administraciones locales y autonómica, por lo que la coordinación "no se puede convertir en jerarquía".
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, y la secretaria general del PA, Pilar González, se mostraron ayer abiertos al diálogo para alcanzar el "máximo consenso" en el debate parlamentario sobre las locales.
Gracia dijo que su formación no va a permitir que ninguna fuerza política intente "boicotear" estas leyes para que no sean aprobadas por el Parlamento andaluz en el año 2010. Además, indicó que Andalucía será la primera comunidad autónoma que cuente con unas normativas como éstas y consideró una "excepción" que en el Parlamento se constituyera un grupo de trabajo para elaborar un dictamen sobre las leyes locales antes de que fueran aprobados los proyectos de ley.
Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, afirmó que el Gobierno andaluz ha sacado del "cajón" la Ley de Cooperación Municipal elaborada por el difunto Alfonso Perales cuando era consejero de Gobernación y que "simplemente" le ha puesto el nombre de Ley de Autonomía Local de Andalucía. "La Junta quiere llevar a cabo una ley de organización territorial y otorgarles competencias a los ayuntamientos con una financiación completamente deficitaria", agregó.
Asimismo, el secretario general de los 'populares' andaluces, que indicó que las leyes locales llegan "tardísimo", aseguró que los anteproyectos de ley no responden a lo que el Parlamento andaluz aprobó con el dictamen elaborado por el grupo de trabajo. Para Sanz, el Gobierno andaluz ha perdido una "gran oportunidad" para alcanzar el consenso político en torno a estas normativas, aunque reconoció que aún queda tiempo para ello.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que los contenidos y los recursos económicos de ambas normativas deben ir acompañados y que esa cuestión no se cumple hoy día. Y es que, a su juicio, el Gobierno andaluz tiene "mucha voluntad" pero pone sobre la mesa "muy pocos recursos". "Aún estamos muy lejos de los objetivos aprobados por el Parlamento andaluz", apostilló.
Al hilo de ello, el dirigente de la federación de izquierdas consideró "imprescindible" la búsqueda del máximo acuerdo entre el conjunto de las fuerzas parlamentarias para la aprobación de ambas normativas, "la más importantes después del Estatuto de Autonomía de Andalucía". Así, dijo que IU está dispuesta a negociar en el marco parlamentario entre el 1 de enero y el 31 de enero sobre el contenido de ambas normativas en pro de alcanzar el "mejor acuerdo posible".
Por último, la secretaria general del PA, Pilar González, abogó por realizar un "impulso decidido" al municipalismo con el objetivo de que el poder local en Andalucía cuente con el "poder y los recursos necesarios" para prestar unos servicios de calidad a la ciudadanía. "Pronto se cumplirán 30 años del gobierno autonómico en Andalucía y la autonomía municipal sigue siendo una asignatura pendiente", apostilló.
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