En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta aseguró que aún no ha podido estudiar la resolución del Alto Tribunal para conocer su contenido, por lo que pospuso un pronunciamiento al respecto hasta el momento en el que haya podido analizar la misma.
El Supremo dio a conocer hoy la sentencia, por la que anula y deja sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se reservaban 287 hectáreas del dominio público marítimo-terrestre, en las marismas de Puerto Real para la construcción del polígono, para el que se preveía una inversión de 300 millones de euros y la creación de unos 10.000 puestos de trabajo.
El Tribunal cree que las razones del Ejecutivo para la ocupación del dominio público son insuficientes ya que la Ley de Costas sólo permite esa ocupación si las infraestructuras que se van a instalar en esa zona no pueden tener otra ubicación y afea que no se hiciera un estudio para buscar otras alternativas al polígono.
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por WWF-ADENA que argumentó en su denuncia que la Administración del Estado no es completamente libre para declarar una reserva del dominio público marítimo terrestre.
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