En Sevilla, hay 6.000 jóvenes de menos de 35 años que esperan poder acceder a una vivienda pública, principalmente en alquiler. Este colectivo concreto de la bolsa de demandantes (11.970 en total) que gestiona la Empresa Pública de la Vivienda de Sevilla, Emvisesa, está conformado por personas que tienen un empleo cuyo salario está por debajo del IPREM. El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se emplea como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o para el subsidio de desempleo. Para 2020, el IPREM mensual está fijado en 537,84 euros, lo que equivale a un salario de 6.454 euros en el caso de doce pagas; 7.519 en el caso de que éstas sean catorce.
La realidad es la que es y la única esperanza para estos jóvenes es ser adjudicatario de una vivienda pública. Es un drama, sí“La realidad es la que es y la única esperanza” que tienen en estos momentos estos jóvenes para poder emanciparse y realizar su propio proyecto vital es “ser adjudicatario de una vivienda pública. Es un drama, sí”. Así lo ha reconocido este lunes el gerente de Emvisesa, Felipe Castro, en la presentación del balance de la Oficina Municipal de la Vivienda (2016-2019) que ha realizado el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores. Ambos han recalcado que para dar respuesta a esta necesidad de los jóvenes, Emvisesa ha reactivado en los últimos meses la política de nuevas promociones. En total, en este mandato, el Ayuntamiento calcula que pondrá en el mercado 1.000 pisos más tanto en alquiler (la opción preferida por los demandantes: 35% sólo alquiler y 40%, alquiler con opción a compra) como para compra. Esas promociones ya se han anunciado e irán en zonas como Cisneo Alto (83 pisos), Hacienda el Rosario (218), García Ramos (50 viviendas con la fórmula del coliving), Calle Sol (tres), Torreblanca (14) y San Juan de la Salle (5).
Estos anuncios han tenido un efecto inmediato en el registro de demandantes, donde Emvisesa ha notado un repunte con respecto a los últimos años, en los que se mantenía “estable”.
A este millar de viviendas públicas hay que sumarle otras 1.000 de titularidad privada. El gerente Felipe Castro ha calculado que, anualmente, pueden adjudicarse “con normalidad” 250 viviendas. De hecho, según los datos de la Oficina de la Vivienda, los demandantes de pisos públicos no están más de dos años apuntados. Los residentes de Amate y Pino Montano son los que concentran más peticiones de vivienda pública. Desde 2016, Emvisesa ha adjudicado 1.050 viviendas y gestionado 2.798 viviendas en alquiler.
En relación al efecto que los pisos turísticos pueden tener en los problemas para acceder a una vivienda, Emvisesa ha sido muy tajante: “Este Gobierno municipal no está potenciando las viviendas turísticas. Está buscando mecanismos y soluciones” para un “momento de tensión” sobre una cuestión que “no sabemos hasta dónde podemos llegar”. "Puede haber algún tipo de colisión, que no frontal y limitado a zonas como Casco histórico", ha apostillado el delegado Flores.
Emvisesa afronta este reto de la vivienda para jóvenes después de haber gestionado desde 2015 la emergencia de miles de familias en Sevilla en riesgo de desahucio. La Oficina Municipal de la Vivienda, creada en 2016, ha atendido desde entonces a algo más de 10.000 usuarios, de los cuales 1.392 estaban en situación de ser desalojados de sus casas bien por impago del alquiler, por ser una vivienda ocupada o bien por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. La mayoría de esos expedientes se concentraron en Amate, Torreblanca, Norte y Macarena, zonas todas de transformación social. De los 600 casos anuales en el primer año de funcionamiento de la Oficina, ahora el número ronda los 350. La “avalancha” de entonces se ha estabilizado en torno a una medida de 25 casos de riesgo de desahucio al mes. De los 1.392 sevillanos atendidos en riesgo inminente de desahucio, 779 casos llegaron hasta los juzgados, llegando 214 de ellos a materializarse en desahucios por impago de rentas; 184 fueron ejecuciones hipotecarias; y 173 juicios penales por usurpación, entre otros. Siendo estos los números, el delegado Juan Manuel Flores ha resaltado que ningún caso de desahucio se ha quedado sin respuesta. “No se ha dejado a nadie tirado en la calle”, ha subrayado en la presentación.
Emvisesa ha destinado desde 2016 algo más de 12,6 millones de euros a ayudas para familias con pocos recursos. Ayudas que han ido destinadas a ayudarles con el pago del alquiler, el recibo de la comunidad, la hipoteca o pequeñas reformas en las viviendas.
Igualmente, la Empresa Pública de la Vivienda de Sevilla ha puesto en marcha una línea de permuta “de gran impacto” con la que se ha conseguido dar solución a familias con graves problemas de accesibilidad en su vivienda. En estos momentos, hay 120 solicitudes en Emvisesa. Se han cerrado nueve expedientes y hay otros tantos en trámite. Gracias a estas permutas, una familia con un niño en silla de ruedas en un piso sin ascensor, ha podido cambiar a una casa adaptada a cambio de vender su casa al Ayuntamiento; o un matrimonio mayor ha podido hacer lo propio y conseguir uno nuevo cerca de uno de sus hijos.
En relación al protocolo de convivencia creado por Emvisesa para garantizar una vivienda pública de “calidad”, han sido 417 los expedientes abiertos de los cuales 145 fueron en 2019. Se han impuesto 86 sanciones, 24 de ellas graves, lo cual ha acarreado la resolución del contrato.
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