Por fin la sociedad y la clase política han tomado consciencia de la acelerada despoblación de la España interior, que amenaza con convertirse en un desierto demográfico si no se revierte esta sangría de habitantes. Andalucía, con más de una cuarta parte de sus municipios ya con un millar o menos, y Sevilla, con la mitad de los suyos en regresión desde hace un decenio e incluso mucho antes, no escapan a este fenómeno que ha hecho saltar las alarmas también en otros países desarrollados. Prueba de ello es que la Unión Europea prepara un fondo de 100.000 millones de euros para el próximo marco de acción comunitaria (2021-2027) con el fin de reactivar el medio rural, sin el cual es imposible su autosuficiencia alimentaria.
La Diputación Provincial sevillana ya se ha anticipado con el anuncio de 100 millones que se destinarán preferentemente a ese medio centenar de municipios que se despueblan y convertirlos en el eje de su política para el próximo cuatrienio. Serán los expertos quienes articulen las medidas que se estimen más necesarias, pero parece claro que si no se garantizan unas condiciones similares de acceso a las comunicaciones -incluidas las nuevas tecnologías de la información- y a los servicios básicos (sanidad, educación), los vecinos de esos pueblos seguirán viendo en la emigración la mejor vía para prosperar antes que sentirse condenados a una vida sin horizontes.
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