Durante aproximadamente 40 minutos y ante la presencia de representantes sociales, económicos y políticos de la ciudad, Ramírez esbozó las características técnicas de la presa. Según dijo ésta tendrá una longitud de coronación de 1.106 metros y se construirá con materiales sueltos adaptados a la calidad arenosa del terreno y a la naturaleza del entorno.
El director general destacó además que se trata de una presa “de retención de agua, no de aprovechamiento” y puso como ejemplo la presa de Barbate. Así pues, en épocas de lluvia, su función será retener y almacenar el agua antes de que ésta llegue al cauce del río, liberando como máximo 325 metros cúbicos (caudal máximo que puede llevar el río para que no se desborde).
Concluido el proyecto, el siguiente paso es la evaluación de impacto ambiental, un proceso que, según Ramírez, pudiera estar acabado a mediados del próximo año. Una vez superado este trámite, el proyecto pasaría al proceso de adjudicación, que podría estar resuelto a finales de 2010, momento en que se iniciarían las obras. El plazo de ejecución es de 24 meses, por lo que de cumplirse todos los supuestos, la presa estaría lista a finales de 2012 o principios de 2013.
El responsable de la Agencia Andaluza del Agua aseguró que en los presupuestos del próximo año ya habrá partidas para la construcción de esta infraestructura, cuyo coste superará los 6,6 millones de euros. “No se trata de un proyecto excesivamente caro y por supuesto lo contemplaremos sabiendo la importancia que tiene para esta población”, indicó Juan Luis Ramírez
A los costes de ejecución, hay que sumar otros 2,8 millones de euros para las expropiaciones de los terrenos afectados por esta obra. A este respecto, el alcalde explicó que en aquellos casos en los que los propietarios quieran ser expropiados tendrán derecho a ello, aunque aclaró que cabe la posibilidad de no llegar a la expropiación total siempre que los propietarios estén dispuestos a llegar a un acuerdo. “Las inundaciones son temporales por lo que aquellos suelos que tengan un uso ganadero (que son la mayoría) podrán seguir teniéndolo si los propietarios quieren. La Administración en lugar de expropiar esos terrenos les pagaría una indemnización”, explicó el regidor chiclanero.
En cuanto a la financiación, en un principio los costes iban a ser sufragados en un 75 por ciento por la Agencia del Agua y en un 25 por ciento por el Ayuntamiento, sin embargo el alcalde anunció ayer que intentará que el coste de la presa sea asumido íntegramente por la Administración autonómica, mientras que el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, podría iniciar el proceso de expropiación.
La puesta en marcha de este proyecto, además, resulta muy importante para la construcción de vivienda protegida en la localidad, puesto que hay prevista una promoción de 1.200 VPO en la Ribera del Río, cuya ejecución no podrá llevarse a cabo hasta que haya desaparecido el riesgo de riadas. “Es una apuesta doblemente importante”, apuntó José María Román, “dado que, por un lado, tiene un carácter preventivo puesto que evitará las posibles inundaciones del río pero, por otro lado, abre la opción a generar puestos de trabajo y viviendas de protección social”.
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