Con la ampliación se trata de "garantizar los derechos de todas las personas implicadas" en este proceso de exhumación, según dijo en conferencia de prensa la consejera, quien advirtió que esta prórroga "no paralizará los trabajos de la Consejería para esta actuación importantísima en materia de memoria histórica, sino que supone una garantía añadida" a los derechos de las familias.
El motivo de que la ampliación del plazo de las alegaciones no interfiera en los trabajos de exhumación es que se cuenta con plazos amplios, ya que en una semana se publicará la Orden con el protocolo de exhumaciones y a continuación, a final de octubre, se firmará el convenio para excavar en Alfacar.
"Es un plazo anormalmente amplio para que tengan todos los derechos garantizados tanto las familias que quieren como las que no" identificar los restos de sus familiares represaliados, según remachó la consejera, quien recordó que hasta el momento son tres familias las que han pedido que se efectúen estas tareas.
La ampliación del plazo de alegaciones se produce después de que la familia Lorca así lo solicitara a la Consejería de Justicia para poder concretar su pronunciamiento respecto al proceso, según manifestó el jueves a Efe la sobrina del poeta, Laura García Lorca.
Álvarez señaló que aún hay que crear el comité técnico para estas exhumaciones, y aseguró que en la zona de Víznar-Alfacar "se van a localizar todos los posibles lugares y se va a trabajar en ellos", ya que, además del supuesto enterramiento del poeta junto a otros fusilados, existe otra fosa muy próxima que debe contener restos de trescientas o cuatrocientas personas.
Trabajar con la mayor intimidad, con vigilancia y custodia policial
La previsión de la Junta es excavar este otoño, sin fecha concreta, para lo cual "con carácter inmediato" se iniciarán las localizaciones con radar para localizar el lugar exacto de la excavación, que se vallará y donde se instalará una carpa para "mayor intimidad", que se dotará de vigilantes y de también estará custodiada por agentes policiales.
Todas estas medidas se adoptan por el interés general y "no para beneficiar a una familia, sino a las que tienen interés en la exhumación", señaló la consejera en alusión a la de Lorca, que siempre se ha mostrado contraria a la apertura de la fosa aunque ha manifestado que no se opondrán a ninguna decisión judicial.
Álvarez aseguró que se ha recibido una carta de otro familiar, a la que se le ha dado consideración de alegación, por lo que no se procederá a la identificación de los restos del miembro represaliado de la familia Galindo.
Sobre este caso, en el que existen opiniones contrarias en el seno de la misma familia, la consejera señaló que su departamento no puede entrar en disputas familiares y que éstas deben dirimirse en los tribunales.
También dijo que hay una nueva familia de Granada que reclama la identificación de los restos de un familiar.
Se trata de un restaurador granadino llamado Miguel Cobo Vilches, cuya familia asegura que desapareció en los primeros momentos de la Guerra y aporta un certificado de defunción de septiembre de 1937.
Sobre la familia que ha demandado conocer el expediente de esta exhumación, la consejera aseguró que le será mostrado en su integridad por el viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz, y el comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo, salvo en lo que afecte a protección de datos o a otras familias.
La consejera no contestó si la familia que reclama conocer la integridad del expediente es la de Lorca porque en este caso están siendo, admitió, "excesivamente cautelosos", aunque, señaló, se efectúa "apertura de fosas en toda España con normalidad e incluso en presencia de las cámaras de televisión".
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