La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número uno en Cádiz, que anula el acuerdo plenario del 27 de marzo de 2017 en relación a la municipalización de 160 trabajadores de servicios en Chiclana ha hecho reaccionar a los partidos. Esta sentencia procede de la denuncia de la Subdelegación del Gobierno cuando gobernaba el PP. Y ahora, como gobierna el Partido Socialista, el equipo de Gobierno en Cádiz le ha pedido que “demuestre su apuesta real por la municipalización de servicios retirando los recursos que el PP interpuso cuando dirigía la Subdelegación del Gobierno”.
Para el equipo de Gobierno es “incongruente” que el PSOE “venda su apuesta por el empleo público y de calidad que trae consigo la municipalización de servicios y mantenga a su vez los recursos que presentó el PP y que se basan en fundamentos políticos y no técnicos”.
El Gobierno local acusa a los socialistas de haber tumbado en los tribunales “una medida que autocalificaron como estrella de un Ayuntamiento dirigido por los propios socialistas como ha sido el caso de Chiclana con los servicios de ayuda a domicilio y limpieza de colegios”. El equipo de Gobierno ha subrayado que si el “PSOE realmente apuesta por la municipalización y no es sólo una pose política, si de verdad quieren impulsar la municipalización, éste es el momento de que retire las demandas que interpusieron el PP contra los procesos en Cádiz”.
De no realizarlo, “el PSOE de Cádiz estaría siendo cómplice de las políticas neoliberales del PP y demostraría que su discurso ha sido un ‘bien queda’ de cara a su militancia y una búsqueda de titulares más que un posicionamiento real en políticas de izquierda”.
Con todo a ello, el equipo de Gobierno se ha mostrado tranquilo con el proceso que el PP, desde la Subdelegación del Gobierno, inició contra este Ayuntamiento “ya que fue lo suficientemente garantista al contar con más de una veintena de informes de intervención y secretaría que avalan el proceso, por lo que confía en que el recurso caiga por su propio peso”.
Sin embargo, desde el Gobierno central ya se ha dicho que “se apoyan las municipalizaciones”. Incluso el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya dijo que habría una “colaboración absoluta”, pero siempre “dentro de la legalidad”. Fuentes de Subdelegación indicaron a este medio que “los recursos no se pueden quitar así como así”, por lo que habrá que esperar a que finalice el proceso para ver de qué manera se puede alcanzar una solución a todo este asunto.
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Por su parte, desde el grupo municipal del Partido Popular han señalado que los argumentos puestos en pie por la sentencia hecha pública, que anula la municipalización, son los mismos que ha utilizado la Abogacía del Estado en la denuncia del acuerdo del Consistorio gaditano, y que se resumen en el incumplimiento de las limitaciones que la Ley de Presupuestos del Estado. Afirman los populares que “hemos avisado hasta la saciedad sobre la ilegalidad del proceso y estas son las consecuencias”.
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