Campo de Gibraltar

El fiscal saca a Ortega de la acusación del caso Escalinata

Rebaja las penas solicitadas para los dos exalcaldes socialistas y el arquitecto municipal. El juicio, visto para sentencia

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  • Los acusados, ya sin Ortega. -

El fiscal jefe de área del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, ha excluido de la acusación del juicio penal del caso Escalinata al exconcejal de Urbanismo José Ortega y ha rebajado finalmente las penas solicitadas a los otros tres acusados al entender que existe el atenuante de dilación indebida del caso. El juicio ha quedado hoy visto para sentencia.

En su texto de acusación definitivo, una vez finalizadas todas las partes del juicio, el fiscal pide tres años de inhabilitación especial para los exalcaldes socialistas Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera por un presunto delito de prevaricación.

Para el arquitecto municipal Arsenio Pacios solicita esa misma pena por el mismo delito, así como un año de prisión, tres de inhabilitación especial y una multa de diez euros diarios durante dos meses por un presunto delito de falsedad documental.

El fiscal alega que no existió una fiscalización adecuada de la obra del parking que provocó los daños en el edificio Escalinata. Critica también el funcionamiento del Ayuntamiento en cuanto al manejo de los fondos municipales para el pago de indemnizaciones, así como que se cuantificaran los daños en 1570.000 euros en un decreto de marzo de 2004.

En cuanto a la defensa, el abogado del arquitecto municipal insistió en que la labor de fiscalización municipal no va más allá de determinar que la obra se corresponde con el proyecto. Además, defendió que sus informes estaban siempre basados en los de los expertos que intervinieron en distintos momentos del caso. Igualmente, entiende que si la acusación de Pacios está vinculada a la de Ortega también debería ser absuelto.

Por su parte, el abogado de Palacios defendió que en su faceta de alcalde actuó siempre con responsabilidad y anteponiendo el bien de la ciudadanía, por lo que pide su absolución, mientras que la defensa de Herrera alega que, como concejal de Hacienda, ni siquiera tenía autoridad para firmar por sí solo ningún tipo de pagos.

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