La Junta de Andalucía trató de responsabilizar a una testigo considerada clave en el juicio de la pieza política del caso ERE de las irregularidades cometidas por la Dirección General de Trabajo en relación con las ayudas.
"Ningún funcionario público, protegido por prerrogativas como la inamovilidad y dotado de presunción de legalidad en su actuación, podía ser compelido a realizar los hechos que se investigan", afirma la JuntaEn el recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla contra el archivo, decretado en febrero por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, de la pieza separada por la ayuda de 300.000 euros concedida al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, los letrados de la Junta atribuyen las irregularidades a dos extrabajadores de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa y Jesús Andrés Rodríguez Román, personal de confianza contratado por Juan Márquez al ser nombrado director general en abril de 2008, tras Guerrero.
Ambos estaban investigados en esta pieza. Rofa ha declarado esta semana en el juicio del caso ERE que se sigue contra 22 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y su testimonio no ha dejado lugar a dudas sobre el amplio grado de conocimiento que tenían éstos de lo que ocurría en la Dirección General de Trabajo.
La Junta señalaba en aquel recurso que la Dirección General de Trabajo, órgano que concedía las ayudas de los ERE, primero con Javier Guerrero y después con Juan Márquez, se dotó de una estructura paralela, "sin funcionarios, integrada por personal de confianza" y ello permitió mantener "tanto tiempo una conducta irregular".
"Capacidad decisoria"
Los letrados de la Junta, en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, señalan que los indicios de la participación de Rofa y Rodríguez Muñoz en los hechos investigados son "de tal contundencia que no cabe proceder al sobreseimiento con el argumento de que carece de capacidad decisoria".
Para la Junta, de la investigación de los hechos se desprende que Rofa "actuaba al margen de cualquier procedimiento administrativo y de cualquier comportamiento típicamente funcionarial y ostentaba directamente, junto con Márquez, el dominio del hecho".
"Ningún funcionario público, protegido por prerrogativas como la inamovilidad y dotado de presunción de legalidad en su actuación (a diferencia de otros empleados), podía ser compelido a realizar los hechos que se investigan", según los letrados de la Junta.
El abogado de María José Rofa ha presentado alegaciones al recurso de reforma interpuesto por la Junta, en las que asegura que "no tenía ningún poder decisorio en la tramitación de las ayudas, ni en el sentido de poder influir en el contenido de la decisión de sus superiores en cuanto al dictado de una resolución concreta, así como sobre la decisión de realizar el pago de esas ayudas, que sí corresponden al director general y a la Agencia IDEA".
"Persecución"
La Junta de Andalucía, que renunció a ejercer la acusación en el juicio de la pieza política del caso ERE, que se desarrolla en estos momentos en la Audiencia de Sevilla, pero mantiene su personación en el resto de las piezas que conforman el caso, ha recurrido no sólo la desimputación de María José Rofa en la pieza que investiga las ayudas al Obispado de Cádiz, sino cada vez que la instructora la ha citado como testigo.
Fuentes del caso han calificado, en declaraciones a este periódico, de "persecución" la actitud de la Junta de Andalucía con respecto a esta exasesora de la Dirección General de Trabajo, considerada una de las testigos claves en la causa, por el grado de conocimiento que tiene de la misma.
No en vano, ella fue una de las encargadas de acometer la revisión de los expedientes de ayudas ordenada por el consejero Manuel Recio tras destaparse la existencia de un intruso en el ERE de Mercasevilla.
Rofa ha aportado gran cantidad de documentos a la investigación y ha señalado abiertamente que los miembros del Gobierno andaluz estaban al tanto de cómo se concedían las ayudas.
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