El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Castellar de la Frontera considera “una mala noticia” que el Plan de Gestión Integral de los Alcornocales haya decidido darle “el único uso de forestal y extracción de corcho a la finca Los Pozos de Marajambú”.
Lo consideran “una imposición autoritaria que no cuenta con la participación de los pueblos a la hora de establecer los usos de los montes públicos como recoge la ley forestal andaluza”.
También supone, a su criterio, “un duro golpe a la creación de empleo digno en el municipio de Castellar al no contemplar el uso agrícola y ganadero. La agricultura y la ganadería ecológica es una actividad muy competitiva y con grandes posibilidades de generación de empleo estable”.
Es “una vergüenza”, señalan, que se quiera “condenar a los pueblos a actividades que sólo crean empleo temporal como es la extracción del corcho. En esta finca se puede realizar un proyecto integral que pueda llevar a cabo la actividad agrícola, ganadera ecológica y forestal. La propia Junta de Andalucía permitió el cultivo de trigo en esta finca hace un año”.
Pero “más lamentable” consideran la política del alcalde de Castellar, Juan Casanova, de “no defender los intereses de Castellar con una de sumisión total a la Junta de Andalucía que guarda silencio y no se opone a este plan que marginan a Castellar de un desarrollo sostenible ni informa a la población del mismo. El pueblo de Castellar no ha sido informado por el Ayuntamiento de este Plan de Gestión de la Junta”.
Desde el SAT exigen al alcalde y a los partidos políticos con representación municipal que “defiendan ante la Junta el uso agrícola de la finca para poder crear empleo digno y se pueda realizar un proyecto agro-ecológico, como siempre defendió el alcalde de Castellar y que ahora todo parece indicar que ha cambiado inexplicablemente su política”.
Entienden que “lo que debe hacer” la Delegación de Medio Ambiente es “ceder la finca al pueblo de Castellar como acordó la Junta en 2007 en el Convenio que firmó con el Ayuntamiento de Castellar por 25 años”.
Desde el SAT exigirán “jurídicamente el cumplimiento del Convenio, es decir la cesión de una vez para que el pueblo de Castellar gestione la finca y no nos engañe más la Junta de Andalucía”.
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