Daniel Martín, portavoz del Grupo Municipal de PCSSP (Podemos), y Luis Fernández, representante del grupo en el Consejo Local de Servicios Sociales, han ofrecido este lunes una rueda de prensa para hablar sobre los desahucios de la calle Nuestra Señora de los Dolores nº 8 que se produjo el pasado 5 de octubre.
A la hora de exponer la problemática, Luis Fernández habló de “sorpasso a la burocracia” refiriéndose a cómo los vecinos han tenido que interceder para solucionar un conflicto que "la institución parece incapaz de solucionar". Ha recalcado que a día de hoy “nadie se ha preocupado por dónde están las familias”, así como ha expuesto la realidad de estas personas en el tiempo que ocuparon el inmueble. Una realidad que "ha contado con mentiras de manera habitua"l, por parte del banco March que “les ofrecía 1.000 euros a cambio de abandonar las casas”, así como posteriormente “reclamándoles 3.000 euros a modo de pago de un adeudo de origen inespecífico”, para, finalmente, encontrarse con la empresa municipal, EMSISA, asegurándoles presencialmente “que no tenían que temer por sus casas”.
Desde Podemos Chiclana se solicita que a la hora de que estas personas busquen una vivienda, el Ayuntamiento se haga valedor, facilitando que sea posible esquivar filtros que estas familias no pueden superar, como puede ser la solicitud de un contrato por parte del arrendatario, la necesidad de un aval que les respalde, etcétera.
Según la formación, el Ayuntamiento debe destinar más recursos a solucionar estos problemas “ya que nos encontramos con situaciones dantescas tras años de retrasos en las VPO”. Tal y como indicó Luis Fernández, “en la casa que quedó vacía tras el desahucio fue realojada por EMSISA otra persona, cuando hablé con ella me dijo que llevaba 12 años en lista de espera para obtenerla”.
Daniel Martín indicó que, tras esta situación, queda claro que Chiclana “ha pasado de ser una ciudad libre de desahucios a una ciudad que desahucia”, una situación en la que “gana el banco, gana el Ayuntamiento y los únicos que pierden son los vecinos, que acaban en la calle si alternativa habitacional”. Se ha criticado duramente la declaración plenaria, al haber quedado claramente comprometida tras los sucesos del día 5.
Igualmente habló sobre las ayudadas que puede ofrecer EMSISA a día de hoy, ayudas que calificó como “insuficientes” ya que la empresa municipal de vivienda “se puede ofrecer a pagar hasta el 40 por ciento del alquiler, algo que no es válido para familias que no tienen ningún tipo de ingreso”. Además ha afeado la actitud del Gobierno de la localidad ya que publicaron en los medios que las personas desahuciadas no son de Chiclana, algo que Martín ha dicho que “es completamente falso, esas personas son de Chiclana, pero además este tipo de argumentaciones son calcadas a la de la extrema derecha, donde todo es para los de aquí, donde se marcan diferencias”. “Es un discurso chovinista y xenófobo, es un dato que debería haberse omitido”.
Por todas estas cuestiones, Martín ha declarado que “el señor Román y la señora Jiménez deberían dimitir debido a las consecuencias que ha traído ese convenio, que ha hecho que las instituciones públicas sean partes activas de dramas humanos”.
Así, igualmente, ha indicado que es necesario encontrar una solución al tema de la vivienda, pero ante todo que hay que “ponerse al día con las VPO, hay que buscar financiación”.
Desde Podemos solicitan soluciones y alternativas como una revisión del convenio con el Juez Decano, “que queda patente que debe ser mejorado”. Inciden también en que el Equipo de Gobierno puede contar con ellos para buscar soluciones, pero para empezar proponen una serie de medidas de urgencia como “restituir inmediatamente a las familias desahuciadas a sus viviendas con un alquiler social”, la puesta en marcha de las “ordenanzas para tomar en propiedad municipal las viviendas en desuso en manos de entidades financieras”, que se abogue por la “innovación en la construcción de VPOs, de manera respetuosa con el medioambiente o, incluso, la autoconstrucción” o, entre otras medidas, “la obligación de regular y fijar los alquileres sociales según la renta familiar, eliminando el ánimo de lucro”.
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