Las mociones son el principal instrumento que tienen los grupos políticos para ejercer su influencia en el Ayuntamiento. Y son también casi la única herramienta de la oposición para forzar al equipo de gobierno a mostrarse activo en la gestión municipal. Sin embargo, eso es la teoría, porque la práctica dice que muchas de las mociones aprobadas en los ayuntamientos quedan en simple papel mojado. Lo que ocurre es que esa tendencia se ha agudizado en el Ayuntamiento de Jaén en el último año, donde la mayoría de las mociones aprobadas están aún pendientes de ser ejecutadas ante la frustración de la oposición.
El PSOE es el partido que reclama un mayor número de mociones sin cumplir. Ahí están, por ejemplo, las que pedían una estrategia de empleo para la ciudad con ayudas del Estado y de la Junta de Andalucía; la del apoyo al pequeño y mediano comercio y un estudio sobre el impacto de las grandes superficies; la realización de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento; la agilización del mapa de riesgos para la legalización definitiva de las viviendas de Los Puentes; la del arreglo de instalaciones deportivas; o las dos aprobadas para la revitalización del casco antiguo de la capital. En la mayoría de los casos se trata de mociones que tuvieron el voto favorable del PP.
Jaén en Común reclama también el cumplimiento de mociones como el plan de empleo para Peñamefécit (que ha sido objeto de varias concentraciones de protesta por parte de la plataforma de parados de esa barriada); las medidas municipales para la lucha contra el cambio climático; o la creación de una oficina antidesahucios (aún pendiente pese a las reuniones mantenidas por parte de Somuvisa). Desde el grupo de los no adscritos reivindican el cumplimiento de su moción para la revitalización y explotación del parking de La Alameda; apoyo al comercio tradicional; o la que pide la supresión de patronatos y organismos autónomos.
¿Y qué hacer ante estos incumplimientos? Los grupos políticos tienen abierta una mesa para negociar un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROM) del Ayuntamiento, donde van a exigir como primera condición el obligado cumplimiento de las mociones. Sin embargo, Manuel Montejo, de Jaén en Común, recuerda que se trata de una obligación que ya estipula la Ley de Bases de Régimen Local y que se sigue saltando el equipo de gobierno. Por eso, Montejo (al que no le vale el argumento muchas veces esgrimido de falta de recursos económicos) sostiene que la única alternativa que le queda a los grupos de la oposición es acudir al contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que obliguen al equipo de gobierno a ejecutar las mociones.
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