Hoy lunes se cumple el primer año desde que tomara posesión la actual Corporación municipal jienense. Y lo hace con un gobierno local, del PP, en sus horas más bajas y con cada vez más sombras sobre el futuro del Ayuntamiento, sumido en una profunda crisis económica, sin presupuestos, con una deuda que la oposición cifra en los 700 millones de euros y un esfuerzo ímprobo cada mes para poder pagar las nóminas municipales.
El primer año de mandato municipal ha estado dividido en dos partes, personificadas en los dos alcaldes que ha tenido Jaén en en este tiempo. José Enrique Fernández, que había dilapidado la holgada mayoría absoluta que el PP obtuvo en 2011, tiró la toalla en noviembre y abandonó el Ayuntamiento para enrolarse en las listas al Congreso del PP. La elección de Fernández de Moya en el Pleno del 13 de junio de 2015 estuvo a punto de no prosperar de no haber sido porque, casi in extremis, se abortó el acuerdo alcanzado entre los concejales del PSOE, Jaén en Común y los de Ciudadanos, que hubiera desalojado al PP de la Alcaldía. Finalmente, la abstención de los entonces ediles de C’s (según ellos forzados por la dirección nacional de su partido) posibilitó la reelección de De Moya.
De Moya señaló a su amigo Javier Márquez para sustituirle en el sillón de alcalde, un relevo que se produjo el 30 de noviembre y que introdujo un nuevo aire en el Ayuntamiento por el tono conciliador de Márquez hacia el resto de Administraciones públicas con las que el Consistorio apenas tenía relaciones. Un nuevo tiempo que se visualizó el 22 de febrero con la visita al Ayuntamiento de Jaén de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que sirvió para romper el hielo en asuntos enquistados como el tranvía o la publicación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) , que vio la luz el 24 de febrero tras 12 años de disputas políticas. Un PGOU, por cierto, que ya ha sido impugnado en los tribunales por el grupo Jaén en Común, lo que amenaza su eficacia en el futuro más cercano.
Con la intención (nunca reconocida abiertamente aunque sí de forma implícita) de buscar la estabilidad en el gobierno municipal que no le habían dado las urnas, Javier Márquez aprobó en el pleno de febrero una controvertida subida salarial del 24% a los tres ediles de Ciudadanos, lo que provocó una tormenta municipal y la posterior expulsión de los tres concejales y su pase al grupo de los no adscritos. La jugada le salió rana al alcalde, que vio más tarde como estos tres ediles (a los que él mismo llegó a llamar tránsfugas) se rebelaron contra su gestión y en los últimos Plenos han vuelto a dejar al PP en minoría en asuntos importantes como la aprobación de las últimas subsanaciones del PGOU, claves para la puesta en marcha del centro comercial ‘Jaén Plaza’.
El centro que promueve el grupo Alvores ha sido el principal ( y casi único) argumento de la gestión de Márquez en este tiempo. Sin embargo, aunque son ya más de una decena las empresas anunciadas los plazos para las obras se demoran año tras año . Y a ello hay que añadir la batalla judicial que han emprendido los promotores del otro centro comercial, Santo Reino, que denunciaron sentirse agraviados por el gobierno municipal.
Finalmente, el otro tema judicial que ha salpicado al PP ha sido la petición de la Fiscalía para llamar a declarar como investigado al teniente de alcalde y concejal de Personal, Miguel Contreras, por presuntas irregularidades en una permuta de terrenos con un promotor privado que estaría interesado en una gasolinera en unos terrenos de Las Lagunillas.
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