La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado una sentencia condenando al Ayuntamiento de San Roque a publicar en la página web municipal en el plazo de tres días la rectificación solicitada por la Asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA).
Los hechos se remontan al año 2013 cuando, según relata la sentencia, se había publicado en la página web del Ayuntamiento de San Roque información sobre un supuesto delito de suplantación de identidad de un empleado municipal, por lo que la Asociación solicitó directamente a la Alcaldía que rectificara la información mostrando su negativa, así como que no estaba comprobado que sea imposible acceder por error a su web y que el propio personal del Ayuntamiento había restringido el acceso a instancias de DCA.
En ese momento el Consistorio se negó a rectificar, el colectivo interpuso la demanda de rectificación correspondiente. Inicialmente, las pretensiones de DCA fueron rechazadas en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de San Roque. “La juez entendía que el Ayuntamiento no publicaba información, sino opinión, y por tanto no podía rectificarse. Podríamos estar de acuerdo en lo primero ya que realmente no informan sino todo lo contrario, pero no en que no tengamos derecho a pedir una rectificación, por lo que recurrimos en apelación a la Audiencia Provincial”, indican desde DCA.
Recurso de apelación
Ahora, después de un año y medio de espera, la Audiencia Provincial se ha pronunciado y ha revocado dicha sentencia admitiendo el derecho de Defensa Ciudadana Activa a que se rectifiquen las informaciones sobre el colectivo, y ordena al Ayuntamiento que publique dicha rectificación en el plazo de tres días. La Audiencia Provincial anula además en su fallo la condena en costas anterior a la asociación. Asimismo ordena la devolución del depósito efectuado para el recurso.
La sentencia de la Audiencia Provincial recuerda distintas sentencias por las que “la rectificación opera como un complemento a la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una contraversión sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la notifica difundida por un medio de comunicación (…) si bien el derecho de rectificación constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez opera como instrumento de contraste informativo que supone un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública“.
Interés colectivo
La Audiencia Provincial de Cádiz resalta en su razonamiento que el ejercicio de este derecho de rectificación “favorece incluso el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental procura”, algo que desde DCA consideran que “no es el objetivo de medios municipales manipulados desde cargos políticos, sino solo dar la imagen que el gobernante quiere, dejan de ser medios de comunicación para convertirse en meros medios de propaganda política, como demuestra su negativa a publicar nuestra versión como ahora obliga una sentencia judicial”.
Finaliza el tribunal su exposición señalando que “en el caso de autos la denegación de la rectificación solicitada en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984 (recordemos que se estaba diciendo que se había cometido un delito, no solamente que se iba a acudir a la justicia como dice la juez) carece de toda lógica, en cuanto que claramente se pretendía por quien ejercita este derecho que aquella información que entendía inexacta y lesiva de sus intereses fuera contrapuesta”.
DCA anima a otros colectivos a denunciar
Tras conocerse el fallo de la Audiencia Provincial, desde Defensa Ciudadana Activa resaltan la importancia de ejercer el derecho a rectificación “cuando se utilicen medios públicos para presionar a ciudadanos o colectivos molestos para los gobiernos”.
DCA señala que “cualquier medio de información plural admite las versiones de las distintas partes implicadas en las noticias, pero algunos medios locales claramente politizados solo están al servicio del gobernante de turno, aunque se financien con nuestros impuestos, por lo que en estas situaciones la ciudadanía no debe conformarse y debe ejercer su legítimo derecho a la información plural”, insisten.
La asociación sanroqueña, que desde el año pasado forma parte de un grupo de coordinación más amplio a nivel estatal, está procediendo a pasar la información del procedimiento a los demás colectivos “para que sean conscientes de sus derechos y los ejerciten, ya que en más de una ocasión los ayuntamientos utilizan medios municipales contra los colectivos que consideran molestos, manipulando la información sin respetar el legítimo derecho de los ciudadanos a exigirles rectificación”, explican.
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