En Saló, contada por Pasolini, hay un hecho de singular trascendencia. El gobierno, la administración, están exentos de cumplir las leyes mediante el dictado de otras, expresamente hechas con el fin de no quedar obligados por las primeras sólo reservadas a “la plebe”. Ejemplo seguido a rajatabla en España, (¿reminiscencia de un pasado fascista?) dónde la Constitución nada más se defiende cuando conviene a los intereses personales del partido de turno, y las leyes dictadas para uso exclusivo de la Administración quedan muy por encima de las demás, incluso de la propia “Ley de leyes”. Por ejemplo: legalmente sólo se puede embargar un sueldo si supera un mínimo estipulado por Ley y únicamente se puede detraer un porcentaje sobre el “exceso”. Entonces, se dicta otra para que cualquier estamento de la Administración pueda embargar la cuenta bancaria. Como el sueldo se cobra por ingreso en cuenta, esta Ley puentea a la anterior y a la Justicia y permite dejar al individuo sin medios para abonar la luz, la comunidad, la hipoteca o el alquiler. No obstante, es obligado respetar la primera. Pero los ayuntamientos embargan. Y si cuela, cuela.
Ilegal. Escandaloso. Como el caso de quien ganó un premio de 125.000 euros, pero la entidad responsable se negó a abonárselo. Le ocurrió a un discapacitado en 2005. Por fin, después de un calvario judicial, el fallo obliga a la entidad a pagarle en 2011. Para entonces, la tercera parte han sido honorarios del abogado al que se vio obligado a recurrir, (el pago se le hizo directamente al Letrado). Y Hacienda le reclama el 57,6% del importe total, incluidos intereses desde 2005, aunque lo cobró en 2011. Es decir: 72.000 euros (57,6%) + 41,625 euros (33,3%) = 113,625. Seis años después, del premio le quedan al (poco) afortunado jugador 11.375 euros. Le hubiera resultado mejor no reclamarlo.
Que la noticia se comenta sola no inhibe el comentario. No puede. El Gobierno, Hacienda, las administraciones se ceban con los de abajo. Es obligado recordar los Bárcenas, Camps, Púnicas, Canal de Isabel II, Caja Madrid, EREs, Pujol, Paláu, Petrum, cursos de formación, evasión a paraísos fiscales, exención de grandes empresas, mientras a un pobre minusválido se le detraen (le “susllevan”) 113,625 euros y se le embarga el sueldo, lo que pone en grave riesgo su supervivencia, la de su familia y la vivienda, de la que será desahuciado en breve, salvo milagro. Es evidente que cada cual debe pagar sus deudas, como el Juzgado obligó a pagar al responsable de la rifa. También que los organismos dependientes del Estado (para eso Hacienda “somos todos”, ¿o no?) deberían ser los más rigurosos, en el cumplimiento de las leyes. Y también los más sensibles a situaciones de desamparo y emergencia social.
Que todo el mundo debe cumplir sus obligaciones con Hacienda, es evidente. Todos, empezando por los grandes, los que más generan y menos aportan, proporcionalmente. Pero es que en 2005, cuando el (poco) afortunado jugador resultó ganador, los premios en juegos de azar, como loterías y quinielas, aún no habían sido cazados por la codicia rajoiniana. Vamos, que todavía no cotizaban. ¿Error ó retroactividad improcedente?
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