Los vecinos de Las Protegidas podrían haber encontrado la senda definitiva para encauzar la rehabilitación de sus viviendas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén han perfilado una nueva hoja de ruta que pasa por un plan con financiación a cuatro bandas (o incluso cinco) para lavarle la cara a estas viviendas, donde sus vecinos están maniatados desde que en 2005 la Junta las inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
La solución adoptada, que se fraguó en la reunión de la semana pasada entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el alcalde, Javier Márquez, es similar a la adoptada para la rehabilitación de las viviendas de Santa Adela de Granada, donde el pasado lunes se firmó un convenio entre Junta, Estado y Ayuntamiento de Granada para invertir 12 millones de euros en la rehabilitación hasta 2017.
La vía elegida, también similar a la que se ha llevado a cabo en el Polígono de El Valle, implica al Gobierno de la nación, que incluiría a Las Protegidas en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) dentro d el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, y una financiación que ascendería al 34% del total de la intervención. La Junta de Andalucía, por su parte, aportaría el 29,el mismo porcentaje que el Ayuntamiento mientras que la aportación vecinal oscilaría en torno al 8%, aunque éstos podrían pagar menos si sube la aportación municipal. Y todavía queda una quinta vía de financiación, que sería la que le correspondería a los promotores privados a los que se daría la posibilidad de explotar los bajos comerciales de este grupo de viviendas.
La característica principal del plan diseñado para intervenir en Las Protegidas es que deja al Ayuntamiento la capacidad para liderar el proyecto. A él le corresponde, por tanto, la capacidad de llevar la iniciativa y de solicitar al Gobierno de la nación la inclusión de las Protegidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Antes de elegirse esta vía, la Junta de Andalucía había ofrecido a los vecinos de esta barriada acogerse al Plan Andaluz de Rehabilitación, sujeto al principio de concurrencia competitiva.
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