El parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez se ha personado en la causa donde se investigan delitos societarios en Mercasevilla después de que la Fiscalía pidiera a la juez María Núñez Bolaños que eleve una exposición razonada al TSJA a fin de imputarle al considerar que existen "indicios" de que la lonja le pagó nóminas "durante el tiempo en que estuvo dado de alta en diversas empresas" vinculadas al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas con contratos que podrían ser "simulados".
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, aunque es aforado, el parlamentario socialista andaluz ha solicitado a la juez su personación en la causa al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los diputados o senadores personarse en las causas para ejercitar su derecho de defensa, una petición que ha sido aceptada por la instructora.
Hay que recordar que la juez Mercedes Alaya, en un auto dictado en septiembre de 2013, empleó esta misma figura jurídica del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 'preimputar' a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a los exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.
En este sentido, señalaba que, al amparo del artículo 71.2 y 3 de la Constitución española, "no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación", no obstante lo cual "sí puede y debe hacer dos cosas", como "darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con una resolución como la presente, asimilable a la de admisión a trámite de denuncia o querella, que no constituye como señala la jurisprudencia" del Tribunal Supremo "un acto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle".
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público indicaba que, una vez examinadas las actuaciones, "habría en la causa indicios" de que el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, "mediante el abono de facturas simuladas, satisfizo la nómina" de Carmelo Gómez, del exconcejal José Antonio García (PSOE) y de María del Carmen Rodríguez Borrego, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, "durante el tiempo en que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario" de Lanzas.
Estas empresas son 'Al Andalus Mass Media Channel', 'Maginae Solutions' y 'Consulting Social Siemur'.
El fiscal, Juan Enrique Egocheaga, solicitó que, "a la mayor brevedad" y "teniendo siempre en cuenta la carga de trabajo actual del Juzgado", se practiquen una serie de diligencias "con la finalidad de determinar el grado de participación de las restantes personas implicadas", entre ellas que se tome declaración "a las tres personas que fueron empleadas y cuyas nóminas fueron pagadas indebidamente con fondos públicos".
"Existiendo indicios de que los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna, tal declaración debe hacérseles, ante la perspectiva cierta de ser objeto de preguntas incriminatorias, bajo la previa condición procesal, no de testigo, sino de imputado, pues sólo así se le preservan, asistido de letrado y con la instrucción del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos sus derechos y garantías procesales", asevera la Fiscalía.
De este modo, solicitó a la juez que tome declaración como imputados a José Antonio García y a la nuera de Rivas y, en el caso de Carmelo Gómez, pidió que se oficiara al Parlamento de Andalucía "para que certifique la actual condición de parlamentario del mismo" y, en caso afirmativo, "dado el fuero", se eleve por parte de la juez exposición razonada al TSJA "por considerar que la instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su Sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones".
PIDE AMPLIAR LA IMPUTACIÓN DE LANZAS
El Ministerio Público, entre otras diligencias, pidió a la juez que amplíe la imputación de Lanzas y de su cuñado, Ismael Sierra, "en su condición de dueños reales de las tres empresas, al existir indicios de que colaboraron en los hechos atribuidos a Fernando Mellet, recibiendo los fondos de Mercasevilla, mediante el sistema de facturas falsas, y destinaron de manera específica parte del dinero al pago de las nóminas" de las tres personas citadas.
De igual modo, reclamó a la instructora que requiera al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte los contratos de trabajo realizados a Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Rivas por las empresas "del entramado de Lanzas" 'Al Andalus Mass Media Channel', 'Maginae Solutions' y 'Consulting Social Siemur'.
Asimismo, la Fiscalía pidió a la juez que requiera a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la hoja de vida laboral de estas tres personas y la hoja de vida laboral de estas tres empresas, así como que se requiera a la representación legal de estas sociedades "para que aporten toda la documentación que haya servido para justificar el pago de dietas realizado" a los dos exconcejales y a la nuera de Antonio Rivas.
LA PROVIDENCIA DE LA JUEZ
La juez, de su lado, emitió una providencia de fecha 23 de octubre en la que acordaba, entre otras cosas, que se librara oficio al Parlamento de Andalucía "para que certifique la actual condición de parlamentario" de Carmelo Gómez, "y con su resultado se acordará".
Tras conocer el escrito de la Fiscalía, Carmelo Gómez aseguró a Europa Press que, durante los meses que estuvo contratado por la empresa Maginae Solutions, desarrolló todas las tareas por las que se le contrató y que, en ningún momento, tuvo conocimiento ni fue consciente de "irregularidad alguna".
Según explicó Gómez, estuvo contratado por la empresa Maginae Solutions desde el 22 de marzo hasta el 1 de agosto de 2007 y en ese periodo desarrolló "todas las tareas" por las que se le contrató, "que fueron la elaboración de estudios e informes" y que, naturalmente, cobró por su "labor una nómina, como cualquier trabajador por cuenta ajena".
Asimismo, quiso dejar claro que, en ningún momento, durante esa etapa, tuvo conocimiento ni fue consciente de "irregularidad alguna". "Si las hubiera conocido las hubiera denunciado de manera inmediata", sentenció.
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