La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 13 años de inhabilitación y el abono de una multa de 5.400 euros por delito continuado de prevaricación y de revelación de secretos para el superintendente de la Policía Local, Juan José García, imputado por el supuesto fraude y amaño en dos oposiciones para la Policía Local convocadas por el Ayuntamiento en 2012, por el que hay procesadas un total de 45 personas, entre ellas 37 agentes locales, algunos hijos de mandos del cuerpo o familiares y relacionados con sindicalistas.
García, hasta ahora superintendente de la Policía Local, fue apartado del mando de los servicios operativos del cuerpo, una vez imputado, por decisión del alcalde, orden que permanecerá en vigor hasta que termine la instrucción judicial abierta por este caso.
La Fiscalía, además, reclama para el resto de los procesados, entre ellos los 37 agentes que lograron superar las pruebas y una plaza en el cuerpo gracias a las filtraciones en las oposiciones, el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.
Por otro lado, el ministerio público ha pedido se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados y reclama que de las “consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad” responderán los agentes que se beneficiaron del fraude de manera conjunta conjunta y solidaria junto al Ayuntamiento, lo hará “como responsable civil subsidiario”.
Familiares y conocidos
Según la Fiscalía, entre los agentes beneficiados por el fraude en estas convocatorias y que obtuvieron plaza se encuentran “aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y aprobar por los miembros del Tribunal”. Entre ellos nombra al el hermano de la “compañera sentimental” del superintendente -en el momento de las pruebas- y un sobrino suyo, y pese a conocer que era irregular, el superintendente “no se abstuvo de participar” en dicho tribunal y proceso de oposiciones.
El fiscal también cita el caso de un opositor imputado, hijo del presidente de la sección hispalense del Sindicato Profesional de Policías Municipales en España (Sppme), Manuel Bustelo, de quien el sindicato defiende que no formó parte del proceso de selección. Además, entre los opositores implicados también estaría, según informa la Fiscalía en su escrito, otro de los afiliados al Sppme, que durante la celebración de las oposiciones era miembro de la Junta de Personal de Ayuntamiento y que había compartido “muchos años de labores sindicales” con el padre del opositor citado (Bustelo), además del hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa que suministró el vestuario a la Policía Local desde 2007 a 2013.
En todos estos casos, señala la Fiscalía, el superintendente Juan José García y varios miembros del tribunal “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a varios aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y de otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.
Además, las bases de la convocatoria ordenan a los miembros del tribunal elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección el mismo día del examen, al que, según relata la Fiscalía, no cumplieron el superintendente y otros cuatro miembros que lo hicieron días antes.
Presunción de inocencia
Desde la sección andaluza del Sppme han señalado a este periódico que respetan la labor de la justicia y lo que esta determine, pero que piden la presunción de inocencia para los agentes imputados mientras no haya una sentencia firme. Además, el sindicato defiende la labor de la Policía Local en la capital hispalense, a quien consideran que “se está criminalizando de manera injusta” ya que el resto del cuerpo nada tiene que ver con este proceso.
Beneficios de más de 65.000 euros
El escrito de la Fiscalía detalla que de los 37 aspirantes a la Policía Local beneficiados, un total de 32 obtuvieron plaza “con manifiesta injusticia”, lo que les ha reportado un “beneficio económico” -referente a los salarios que llevan percibidos desde su toma de posesión y hasta la fecha- con cantidades que oscilan entre los 65.000 y 79.000 euros.
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