El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abogado hoy por abrir el debate sobre la reforma de la ley electoral una vez que se celebren las elecciones autonómicas y municipales de mayo y la generales de fin de año y quede claro el nuevo mapa político en España.
Zapatero ha defendido esta postura al ser preguntado si apoya la propuesta de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de instaurar el sistema de doble vuelta para elegir al jefe del Gobierno, presidentes autonómicos y alcaldes.
"Todos los debates son saludables en democracia siempre que se hagan racionalmente y con calma. Va a haber unas elecciones, un nuevo mapa político y, a partir de ahí, seguramente habrá que hacer cambios y habrá muchos debates en la agenda institucional", ha sostenido.
El expresidente del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig.
Si el sistema de doble vuelta podría ayudar a reforzar el bipartidismo de PP y PSOE, Zapatero ha opinado: "Ya veremos. Es un poco difícil anticipar los efectos de una reforma electoral, que es un proceso que hay que hacer con mucha calma y mucho debate y no siempre producen los cambios que a veces se esperan".
El exlíder del PSOE ha considerado "lógico" que se abra un debate sobre la reforma de la legislación electoral y ha recordado que no es la primera vez que se hace en democracia.
En la misma línea, Ximo Puig ha señalado, en relación con el modelo de doble vuelta, que le parece una "propuesta más que debe integrarse en el debate que hay que abrir serenamente" sobre la reforma electoral, en el que ha enmarcado otras medidas como abrir las listas y revisar la relación entre políticos y ciudadanos en los distintos niveles de representación.
Convencido de que los "cambios en los códigos de comportamiento no pueden provocarse en función de situaciones coyunturales", Puig ha llamado a un "debate serio" sobre los cambios electorales para no caer en reformas como la impulsada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que, a su juicio, "atenta contra la calidad democrática y las reglas de juego de un país decente".
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