El empresario José Antonio López Esteras, propietario de Grupo Jale, ha presentado una denuncia penal "por trama corrupta" contra tres de los administradores concursales del concurso de Jale, al que le acusa de nueve delitos. Fuentes cercanas a esta empresario aseguraron a Europa Press que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra esos tres administradores y apuntan que el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias previas contra tres de los administradores concursales del concurso de acreedores de Jale.
Han indicado que estos tres administradores "fueron cesados por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz por dos motivos, esto es, por haber cobrado el doble de los honorarios que el auto del Juzgado establecía; y por la animadversión hacia el propio José Antonio López Esteras".
Lopez Esteras también ha incluido en su denuncia a los representantes legales de las tres mercantiles que indebidamente facturaron y cobraron casi cinco millones de euros como su fuesen ellas las que actuasen de administradores concursales.
Los nueve presuntos delitos que los acusa son delito societario, delito de apropiación indebida, delito fiscal, delito de falsedad contable, delito de abuso de cargo, delito de cohecho, delito de incumplimiento de la Ley Concursal, delito de falsedad documental y delito de deslealtad con los acreedores.
La acusación del presunto delito de cohecho se basa en que "organizaban cursos de Derecho Concursal y contrataban a los jueces mercantiles a ser los ponentes de dichos Cursos, y estos jueces eran retribuidos por ello y eran muchos los concursos de acreedores para los que estos administradores concursales eran nombrados".
En cuanto al presunto delito de deslealtad hacia los acreedores, las fuentes han apuntado que "se basa en que la Ley Concursal establece como esencial la 'satisfacción a los acreedores' y además configura que la administración concursal es el 'órgano gestor de intereses ajenos' con una total imparcialidad y la exigible objetividad en sus actuaciones que tendrán que ser diligentes, con la diligencia de un ordenado administrador".
Considera el empresario que "sin embargo esos tres administradores concursales nada de eso cumplieron y además se opusieron a la presentación de tres propuestas de convenio de acreedores preparadas y pagadas y permitieron que la cuarta propuesta de convenio de acreedores, con unos activos inmobiliarios de más de 700 millones de euros, que eran más que suficientes para la satisfacción de los menos de 400 millones de euros de créditos a Pagar, que fue presentada el propio Juzgado Mercantil la devolviera a los 90 días de presentarla, en contra de lo establecido por la Ley Concursal".
"Sin embargo, como gestores de intereses ajenos que la Ley Concursal les encomienda, ni se opusieron ni reaccionaron ante aquel gravísimo incumplimiento por parte del Juzgado de lo Mercantil, dejando a los acreedores sin cobrar y a la empresa, con más de 40 años de existencia, una producción de más de 150 millones de euros anuales y casi 1.000 puestos de trabajo directos y otros 2.000 indirectos totalmente liquidada, además del cierre de sus seis prestigiosos hoteles y las 70 obras de construcción que estaba realizando", se lamenta el empresario.
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