Verdemar-Ecologistas en Acción ha criticado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, esté instando "con urgencia" a adaptar el Plan Especial de Seguridad de la Bahía de Algeciras para "expropiar y trasladar a la población más antigua" de la zona "en beneficio de las industrias pesadas" que se proyectan en Guadarranque, en San Roque.
Según ha explicado a Europa Press el colectivo ecologista, así lo entienden de una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz con fecha del 10 de diciembre para que el Ayuntamiento sanroqueño y la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio inicien acciones para firmar un convenio de colaboración tendente a la revisión del Plan Especial y de Seguridad Ambiental que contemple expresamente la problemática y singularidad del núcleo de Carteia-Guaddarranque.
Verdemar recuerda que en septiembre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el anuncio de expropiación de los vecinos de la colonia sanroqueña de Puente Mayorga, afectados por el proyecto de expropiación de la Unidad de Actuación 27 PEI, incluida en el Plan de Seguridad Industrial en el área de la Bahía.
Sin embargo, la Central Térmica de ciclo combinado Nueva Generadora del Sur está, a día de hoy, "sin funcionar, con un expediente de regulación de empleo (ERE) y tiene que modificar la línea de Alta Tensión por denuncias de ecologistas y vecinos".
Critica que "un centenar de vecinos tiene que abandonar sus casas". En este sentido, Raquel Ñeco, representante de Verdemar-Ecologistas en Acción, asegura que con esta resolución "está empezando un nuevo desmantelamiento de poblaciones circundantes en la Bahía de Algeciras".
En su opinión, de no cambiar el modelo económico de la zona, "unas 30.000 personas se verán obligadas a abandonar el arco de la Bahía de Algeciras en unos años".
Por ello, desde Verdemar advierten al Defensor del Pueblo Andaluz sobre "los peligros de la industria contaminante", instándole a pedir a las administraciones que exijan a las industrias que "cumplan lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Roque".
Sostiene el colectivo ecologista que "las nuevas ampliaciones industriales no son compatibles con el planeamiento vigente del municipio", ya que se pretenden instalar "a menos de 500 metros del núcleo de población de Guadarranque, concretamente a 200 metros, las instalaciones de los oleoductos".
Además, según resaltan, esto también sería "incompatible con lo dispuesto en el artículo 108 de la normativa del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar".
Finalmente, los ecologistas entienden el Defensor del Pueblo Andaluz ha "entendido al revés" el Plan Especial de Seguridad Industrial, en el que "prevalecen los 200 vecinos de Guadarranque a las nuevas instalaciones pesadas pretendidas en el río Guadarranque".
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