Los dos técnicos de la Diputación de Jaén y del Ministerio de Fomento detenidos el martes por su implicación en la operación Enredadera quedaron ayer en libertad con cargos a la espera de nuevas actuaciones judiciales. Mientras, el conceal del PP de La Carolina pasó a disposición judicial de la juez Alaya en Sevilla.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, quiso dejar claro que la detención del jefe de servicio de Carreteras es “la acción individual de uno de los casi 1.400 trabajadores” que tiene este organismo. Reyes reiteró la “total disponibilidad” de la Diputación para colaborar con la Justicia. “No tenemos nada que ocultar”. La junta de gobierno de la Diputación se reunió ayer miércoles y decidió abrir un expediente informativo al funcionario detenido, un expediente que podría desembocar en el cese de su cargo.
El funcionario en cuestión, adscrito al área de Infraestructuras, lleva 15 años como jefe de servicio por una plaza obtenida por concurso y, como precisó Reyes, no es ningún cargo de confianza. Además, Reyes indicó que la Diputación se va a personar en una hipotética causa “si el caso va a más y hay argumentos para que haya causa”, Con todo, Reyes advirtió sobre el derecho a la presunción de inocencia que “tiene que tener cualquier ciudadano”.
En parecidos términos se pronunció el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, en relación al funcionario detenido perteneciente a la sede que el Ministerio de Fomento tiene en la provincia. Según Lillo, “se tomarán las medidas oportunas cuando se sepa exactamente de qué se le acusa”. Eso sí, aclaró que la detención del funcionario –que también quedó ayer en libertad- se debe a una investigación sobre adjudicaciones en carreteras y la Guardia Civil ha pedido documentación y expedientes de los últimos 10 años. “La investigación está todavía en proceso, y hay que esperar a ver en qué queda”, zanjó el subdelegado del Gobierno.
Agresión
El alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín, va a denunciar a la persona que el martes agredió e increpó a su hija, de 15 años, cuando se encontraba en el Ayuntamiento por el registro de la operación Enredadera.
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