El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ayamonte ha paralizado durante un mes la ejecución de desahucio previsto para mañana para una familia de Cartaya con tres niños de 1, 7 y 10 años que no cuenta con recursos económicos al encontrarse la pareja en paro y no percibir ayuda alguna.
El juez ha estimado en parte la petición hecha por el abogado de los afectados, que solicitó la suspensión definitiva del lanzamiento por la situación económica de la familia y por la presencia de los tres menores, según ha informado en un comunicado la Asamblea Local de IU en Cartaya implicada desde el principio en este caso.
El juez no suspende definitivamente el desalojo sino que lo aplaza hasta el próximo 26 de noviembre, a las 11.30 horas, a la espera de que se pueda encontrar alguna solución para la situación de esa familia.
Esta familia entró en la vivienda en la que ahora residen, ubicada en la calle Clara Campoamor de la localidad cartayera, con un contrato de alquiler de un año firmado con la promotora Proalmenara, que establecía que tras la renovación del mismo y una vez transcurridos dos años, los arrendatarios adquirían el derecho a opción de compra de la vivienda.
Cuando transcurrido el primer año de alquiler Antonio y Guadalupe fueron a renovar el contrato, la promotora les informó de que eso no era posible porque la vivienda estaba embargada, aunque siguieron pagando el alquiler varios meses, hasta que la falta de ingresos debido a su situación de paro les obligó a suspender el pago.
Antonio ha sido trabajador de la construcción y de otros sectores vinculados a ésta, así como del campo, mientras que Guadalupe ha trabajado como limpiadora.
Desde IU se ha exigido al alcalde de Cartaya, Juan Polo (ICAR), que se ponga de parte de los más débiles y "cumpla los acuerdos del pleno del Ayuntamiento que le obligan a tomar medidas en defensa de las personas en riesgo de desahucio por la falta de ingresos económicos debido a que están en paro o que han visto éstos reducidos de forma radical con la crisis".
Han señalado que seguirán apoyando a esta familia para que el desalojo de su casa, si llega a producirse, no se pueda llevar a cabo si no es mediante la garantía previa del derecho a una vivienda digna para esa familia.
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