Con el inicio del nuevo curso político, el equipo de Gobierno retoma el proceso de regularización de viviendas en suelo no urbanizable; de momento, con un llamamiento general a los propietarios que hasta ahora no han comenzado los trámites administrativos en la Delegación municipal de Urbanismo. En todo caso, los plazos van terminando poco a poco y “ahora es el momento”, en palabras del delegado del área, Manuel Erdozain, quien insiste en que la regularización de estas viviendas es “un tren que hay que tomar”.
La Delegación tiene previsto en el plazo aproximado de un mes presentar en sociedad o públicamente el número de viviendas en suelo no urbanizable que ha iniciado estos trámites, en un proceso que afecta a un total de 1.400 inmuebles dispersos por todo el término municipal y que forman parte de una primera fase. En este sentido, aún quedan muchos casos por resolver, según Urbanismo, que recuerda que el coste económico de la regularización será del 6 por ciento sobre el coste total del proceso, además de haberse establecido un “cómodo” calendario de pago de 24 a 36 meses.
Según el delegado, están siendo numerosos los afectados que ya han contactado con Urbanismo para legalizar sus viviendas, pero recuerda que si el proceso se toma desde una asociación o colectivo vecinal siempre será más ventajoso desde el punto de vista económico que se si lleva a cabo a título particular. Así, Erdozain apelaría a la unión de los propietarios de viviendas en suelo no urbanizable.
Es intención de Urbanismo comenzar después de feria una nueva serie de reuniones con los afectados, en primer lugar posiblemente con los propietarios de las casi 600 viviendas en la zona de El Charcón, una vez que este verano ya se ha celebrado un encuentro a tal efecto con los vecinos de La Misericordia, la barriada situada al lado de la Junta de los Ríos. Precisamente en La Misericordia el proceso de regularización podría ser más fácil, ya que el PGOU vigente del año 1994 contempla en esta barriada rural un porcentaje de suelo urbanizable. El objetivo de Urbanismo es llevar a cabo en esta barriada un proceso legal de segregación como se ha realizado en la Vega de los Molinos.
En breve, la sección de Patrimonio de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) podría presentar el expediente y los consiguientes costes económicos para los vecinos. En las citadas zonas rurales habría más de 170 vecinos afectados.
Respecto a la también barriada rural de la colada de El Guijo, el nuevo PGOU sobre el que trabaja actualmente la Delegación de Urbanismo contemplará zonas urbanizables para su desarrollo.
Todos estos proyectos en torno a la regularización de viviendas y barriadas significa para el delegado “una buena noticia”, aunque insiste en la necesidad y conveniencia de que los afectados más rezagados inicien los trámites en Urbanismo, en los servicios técnicos municipales de la avenida Miguel Mancheño.
Para Erdozain, se trata de “un proceso histórico” por la gran envergadura de las operaciones urbanísticas.
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