El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado este jueves que las noticias sobre las actividades de formación y "los fraudes que se han cometido" obligan a que "no se frene más" la necesidad de acometer un cambio legislativo en la Cámara de Cuentas.
Según ha reseñado Maíllo en una visita a la Feria de Málaga, este órgano es el que tiene más capacidad para detectar, evaluar, diagnosticar y fiscalizar "cada uno de los euros que se gastan por la Administración pública andaluza", lo que hace "fundamental" que no sólo se lancen "frases contundentes" sino "que se conviertan en acciones legislativas".
En este sentido, se ha mostrado convencido de que IU va a "garantizar que se sepa qué ha pasado con el uso de recursos públicos para enriquecimiento de unos cuantos". Así, ha incidido en que es "evidente" la necesidad de saber "todo", especialmente en la actividad de formación, "donde hay más que indicios de irregularidades y saqueo, como el caso, presuntamente, del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda", ha apostillado.
El coordinador general, que ha dicho que se espera un nuevo curso político "más que caliente", ha asegurado que las iniciativas que se tomarán respecto a la ley de formación serán "un vuelco respecto al marco normativo que había anteriormente" y que se primarán "la necesidad de que se ponga sobre la mesa ya una reforma de la Cámara de Cuentas" que le dé "mayor autonomía y carácter de fiscalización del dinero público".
Preguntado sobre la petición de la Junta de Andalucía de una 'vía exprés' para agilizar los procedimientos judiciales contra los defraudadores, Maíllo ha asegurado que "cualquier medida que suponga procedimientos de aceleración en el marco de la comprobación de anomalías e irregularidades siempre tiene que ser bienvenida" pero que, aún así, "llegan tarde, como todo en esto".
El dirigente de IU ha concluido reiterando que "en lo que nos toca a nosotros" desde su formación están contribuyendo "a un cambio normativo que puede sentar las bases a un cambio radical de cultura respecto del uso de los recursos públicos, la fiscalización, la evaluación, y el buen uso de los mismos".
"Desde luego que el que no lo hace --el buen uso de dichos recursos-- lo tiene que pagar, y aquí no hay ni procesos dilatorios ni trampa legal", ha sentenciado el coordinador general de IULV-CA.
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