El respeto a los derechos del trabajador debería ser absolutamente inalienable, pero se conculca con demasiada frecuencia, aunque no sólo donde se denuncia. Como en todo, la lana se carda muy lejos de donde se cría la fama. Los últimos decretos y leyes de los dos últimos gobiernos, condicionados por un grupo económico de presión que está extendiendo el sistema de castas a todo el mundo, llevan implícito un notable y notorio retroceso de esos derechos ganados a pulso durante años. Porque son impuestos por el poder real, capaz de dirigir el planeta desde la sombra -más nítida, menos sombra cada vez- e imponer su voluntad en forma de intereses económicos a los títeres colocados en los gobiernos.
Un mal (daño) general, no justifica el parcial pero lo engloba. Se puede trabajar más por obligación o por implicación; grave es hacerlo por imposición. Pero toda la razón que puedan tener los denunciantes -y tienen, seguro- no impide hacerse preguntas; porque antes y, sobre todo, desde la Ley de despido libre -aprobada por un gobierno auto-denominado “socialista” y refrendada y aumentada por el actual y reconocido autoritario-, se alargan muchas jornadas, no sólo las de los empleados de Abengoa. Su extrañeza ante la nueva situación debería llevarles a combatir la causa antes que el efecto. Frente a la oportuna investigación de este periódico, llaman la atención el silencio sindical y el no discutir la norma que conculca esos derechos. El verdadero problema radica en la merma aplicada desde el poder, en la facilidad dada a las empresas para despedir sin coste. Por tanto, lo que más extrañeza produce es el silencio sindical en éste y otros muchos casos, donde directamente se ha amenazado a los trabajadores con la expulsión, si no aceptan la jornada impuesta, o el más grave aún, de cierta empresa hostelera con clara “compenetración” con el partido dominante en Andalucía, que ha obligado a sus empleados a aceptar una detracción del 10% de su sueldo, para pagar inversiones propias. No se les hace partícipes de los beneficios, pero se compran y amplían hoteles con su dinero, sin que ningún sindicato levante la voz.
Resulta chocante la diferencia sindical de trato entre éste y otros casos. Cuando menos, no debería parecer que el enemigo está dentro. No debería. Desde que se negaran –la primera vez, hace ya cincuenta años- a trasladar a Madrid su sede central, Abengoa ha sido atacada en diversas ocasiones. Una de las últimas, con la supuesta corrupción de su ex-filial Telvent, que resultó imposible demostrar, pese a que la empresa sevillana ni remotamente llega al nivel de influencias de cierto banquero exculpado -que continúa en la cúspide después de la defenestración del juez responsable de su imputación- y, por eso mismo, es más digna de credibilidad. Cuando se ha perdido el 30% de la industria en Sevilla, es digno de apoyo que haya quien sigue funcionando y se queda aquí y aquí mantiene varios miles de empleos y aquí abona impuestos y genera plusvalías, pero eso no le da patente de corso en materia de relaciones laborales. Sería más fácil que actuara con transparencia informativa; la opacidad sólo genera dudas. Será que aún les queda mucho qué aprender.
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