El pueblo sevillano, el sufrido ciudadano de esta sufrida ciudad, no es, y por lo tanto no se le puede considerar, responsable de los errores y horrores de sus sucesivos ayuntamientos. El pueblo sevillano no tiene por qué pagar en metálico los errores de sus gobernantes; menos aún mediante presión y subterfugios en forma de sanciones de tráfico. Errores y horrores como el capricho megalómano de poner en marcha un tranvía, que pierde anualmente una millonada, después de su abultado costo inicial, o el más megalómano aún gigantesco hongo de cemento y metal, son responsabilidades absolutas de quienes decidieron hacerlos, por encima de la fuerte oposición general (excepto una docena de autonombrados “modernos”, admiradores de fálicas pretensiones). Y de quienes se empeñan en mantenerlo, al menos en el caso del nunca rentable tranvía. De quienes dedican su escaso esfuerzo físico y mental a mantener la política constructiva -entiéndase: destructiva- de la época serrinista.
Esa política que ensancha las aceras supuestamente en beneficio del peatón; cuando en realidad se habilita más espacio para bicicletas, con lo que se reduce el del caminante, así finalmente perjudicado. Esa política pseudo-ecológica, propia de nobleza limitada al apellido, que ha deificado al ciclista, sin tener en cuenta que el primero siempre debe ser el más débil y la bicicleta, por poco combustible que consuma, sigue siendo un vehículo. Un vehículo capaz de poner en peligro a quien todavía consume menos, pero se ve obligado a sufrir sus carreras por las aceras. Las suelas de los zapatos gastan menos goma que las ruedas de las hoy santificadas bicis. Si no existiera esa política anti-peatón, hasta podría creerse en la voluntad de mejorar el tráfico. Pero esa política es la misma que multiplica la vigilancia interesada de los agentes de la autoridad municipal, en busca de motivos o pretextos con que rellenar denuncias capaces de llenar las arcas. Pretextos que quedan generosamente probados, con esos ensanches de aceras para ciclistas, y su correspondiente disminución de espacio para estacionamiento; porque se mantiene la desafortunada frase: “hay que ir contra los coches”. O con rentable prohibición gruística en lugar reservado a un inexistente hotel.
Pero hacer la vida imposible al automovilista no mejora el tráfico. Ese es un problema consecuencia de la estructura de una ciudad medieval, sumado a la falta de previsión de quienes en su momento autorizaron calles estrechas sin suficientes plazas de aparcamiento en las barriadas nuevas. Y a la inexistente capacidad de raciocinio de las autoridades, en busca de rentabilidad, más que aplicar medidas eficaces. Una buena red de metro sí resolvería el conflicto, eliminar cientos de plazas de estacionamiento en las inmediaciones del domicilio de los propietarios de vehículos, lo agrava. No se mejora el tráfico con prohibiciones; se entorpece, con el consiguiente aumento en consumo y en nervios. Claro, a lo mejor hasta eso es beneficio para la administración: cuanto más perdidos estén los nervios, más difícil es razonar. Y eso es bueno para el poder, porque minimiza la oposición. Y rentabiliza la dictadura.
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