Según adelantaba ayer en exclusiva Bomarzo, en su artículo de opinión publicado en nuestra web informacionjerez.es, el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo suscrito por Luís Fernando Rey Huidobro, concluye que la sentencia de 20 de marzo de 2013 del TSJA sobre el ERE del Ayuntamiento de Jerez debe “anularse” y devolverse al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que emita una nueva sentencia que entre a valorar la existencia o no de causa económica y la existencia o no de grupo de empresas municipal.
En el informe al que ha tenido acceso Bomarzo, el fiscal propone estimar el recurso presentado por el Ayuntamiento al considerar que “la sentencia se ha extralimitado en su contenido” y “rebasa los criterios legales y reglamentarios para determinar la corrección o no de los procedimientos de selección de los trabajadores”, ya que según advertía el Gobierno local en su recurso -y como contenpla la Fiscalía ensu escrito- “no compete a un procedimiento de despido colectivo enjuiciar sobre la aplicación de los criterios de selección a los empleados despedidos, siendo, según ambos, materia reservada a las demandas individuales”.
Asimismo, el fiscal también apoya la petición subsidiaria del Ayuntamiento de, al menos, considerar procedentes los despidos llevados a cabo por el criterio de la edad, al ser un “criterio objetivo”-hay que tener en cuenta que de los 260 despidos, 134 fueron por tener 59 o más años-.
El fiscal, por otro lado, propone estimar el recurso presentado por el Ayuntamiento, aunque no entra a valorar los recursos presentados por todas las secciones sindicales municipales y, por tanto, sugiere su desestimación, salvo la consideración de la ATMJ de que en el Ayuntamiento de Jerez existe un grupo de empresas, que propone sea analizada por el TSJ de Andalucía.
Hay que advertir asimismo, que el informe de la Fiscalía no es vinculante para la sala del Tribunal Supremo, pero puede ser secundado por los magistrados del mismo, lo que implicará la vuelta del procedimiento al TSJA, que tendrá que emitir nueva sentencia contra la que, a posteriori, se podrá interponer recurso ante el Supremo, lo que volvería a retrasar la resolución final otro año más.
En campaña
En este sentido, si bien el informe supone un espaldarazo a las posiciones del Gobierno local en este asunto, también le empuja a que la cuestión del ERE sea de nuevo revisada y debatida casi en plena campaña electoral, lo que en correspondencia con la nueva sentencia que se podría emitir entonces podría acarrear nuevas incógnitas a las aspiraciones políticas tanto del PP como de los demás grupos de la oposición, ante la previsible incorporación de esta cuestión en el argumentario de unos y otros en busca del respaldo electoral en los comicios que se celebrarán en la primavera de 2015.
La resolución puede estar en el plazo de un mes
El pasado 21 de marzo, cuando se cumplía el aniversario del anuncio de los despidos colectivos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hacía pública la sentencia en la que consideraba que el ERE aplicado por el Ayuntamiento “no se ajustaba a derecho”. A la luz de dicha sentencia, comenzaba una nueva carrera en los tribunales; la de los afectados, solicitando al Tribunal Supremo que el ERE se declarara “nulo”, y la del propio Ayuntamiento, disconforme con el contenido de la sentencia del TSJA. Por ahora, las previsiones para conocer el dictamen del Tribunal Supremo apuntan a finales de diciembre o comienzos de enero. De momento, además del informe de la Fiscalía que recogemos en esta página, se sabe que el pasado 29 de octubre tuvo lugar una reunión entre los magistrados del TS para estudiar la documentación.
Entre dicha documentación también se encuentran las nuevas pruebas presentadas por la ATMJ contra el expediente de regulación de empleo. Los nuevos documentos entregados detallan las productividades y las horas extra abonadas por el Consistorio jerezano, con el objetivo de “demostrar” el “incremento del gasto” en la política de personal del Ayuntamiento pese a alegar “motivos económicos” para aplicar el expediente de regulación de empleo. En este sentido, la ATMJ ha explicado que en la documentación se acredita su denuncia sobre los dos millones que el Ayuntamiento se habría gastado en productividades, gratificaciones y horas extra, así como medio millón de euros en el pago de los 200 euros a cada policía local cuando tienen que trabajar el fin de semana fuera del cuadro horario establecido.
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