Las familias que habitan sin vínculo jurídico alguno un bloque de viviendas de renta libre de la avenida de las Juventudes Musicales, en San Lázaro, han celebrado este jueves junto a diversas plataformas sociales y el movimiento 15M una manifestación para reclamar una solución negociada al conflicto. Y es que el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla sigue adelante con las diligencias incoadas contra todas estas personas por un presunto delito de usurpación, merced a la demanda promovida por la propiedad del edificio, en este caso Ibercaja a través de la sociedad inmobiliaria Residencial Murillo.
Este mismo miércoles, de hecho, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, solicitaban al banco que diese marcha atrás en el procedimiento judicial y reanudase la mesa de negociación. Once de los miembros de estas familias ya han prestado declaración como imputados ante la citada instancia judicial, que entre el 21 y el 29 de mayo tomará declaración al resto de personas y podría adoptar ya un pronunciamiento determinante.
Las familias, que habitan sin electricidad o suministro de agua estas viviendas, reclaman a la propiedad que acceda a negociar un “alquiler social”, pues esgrimen su deteriorada situación socioeconómica y su necesidad de tener un techo.
Ibercaja propone la ubicación de las familias en viviendas sociales de la administración y ofrece el programa de Llaves solidarias de su obra social, que presta apoyo económico en los primeros meses de alquiler a las familias que los servicios sociales indiquen que tienen necesidad de tal respaldo.
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