El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha avanzado este sábado que acudirá al Defensor del Pueblo para que Vimcorsa y Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) "dejen de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a sus inquilinos", tras recibir la negativa del Consejo Social de Córdoba para hacer un informe sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre del 2023.
En un comunicado, el socialista ha comentado que se dirigirá al Defensor del Pueblo para plantear que los organismos o empresas públicas que gestionan el parque público de viviendas en régimen de alquiler "dejen de trasladar el pago del IBI a sus inquilinos".
Según Hurtado, el Consejo Social le ha dado respuesta a la solicitud de informe sobre el "cobro indebido" del IBI a los inquilinos, "argumentando que el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria del día 16 de mayo de 2024, considera que no es competente para la realización del informe solicitado".
Para el portavoz, la sentencia del Tribunal Supremo "deja claro que es ilegal el cobro a los inquilinos del IBI y que en este tipo de contratos de arrendamiento de viviendas públicas no cabe la repercusión del mencionado Impuesto Municipal al arrendatario, en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos".
En Córdoba, según los datos que figuran en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, Vimcorsa tiene un parque público de 965 viviendas en alquiler, y AVRA tiene un parque público de 3.360 viviendas en alquiler en barriadas como Palmeras, Moreras, Torremolinos y Guadalquivir. Hurtado ha criticado que se les está "cobrando indebidamente" el Impuesto de Bienes Inmuebles y ha resaltado que según la sentencia del Tribunal Supremo, "le corresponde pagar al propietario y es un gasto que no se puede trasladar al inquilino".
El portavoz socialista lleva meses insistiendo al Gobierno de José María Bellido que "deje de cobrarle a los inquilinos" el IBI correspondiente al año 2024, a lo que el Gobierno local "reitera que lo están estudiando sin tomar determinación alguna, con el perjuicio económico a familias en gran parte con rentas bajas o muy bajas", según critica Hurtado.
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