Este mes de febrero se han cumplido 15 años desde que comenzaron los primeros trabajos relacionados con el proyecto del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una iniciativa que ha sufrido diferentes paralizaciones, incidencias y escollos y que actualmente cuenta con diferentes contratos ya en marcha o licitados, tras haber sido "rescatado" por el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, al que el Ayuntamiento alcalareño pide no obstante acelerar los plazos.
En concreto, la hemeroteca refleja que el 8 de febrero de 2008 se informaba de que las dos uniones temporales de empresas (UTE) adjudicatarias de los dos tramos entonces ya licitados del tranvía metropolitano de Alcalá de Guadaíra, los de Montecarmelo-Cabeza Hermosa y Cabeza Hermosa-Parque Tecnológico, habían iniciado esa jornada los primeros trabajos, con las catas para la identificación del terreno y la localización de los servicios públicos afectados, paso previo a las primeras obras de construcción.
No obstante, las obras de la plataforma tranviaria fueron paralizadas en 2012, en el marco de la gran crisis económica internacional desencadenada tras la quiebra de la financiera estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008, que se tradujo en políticas de intensa austeridad en las administraciones públicas españolas, incluyendo la Junta de Andalucía, promotora de este proyecto y que suspendió no pocas de sus obras públicas.
Las obras fueron reanudadas en 2015 al objeto de completar el último tramo de la infraestructura tranviaria que aún estaba pendiente de finalizar, comprendido entre la estación Pablo de Olavide del metro de Sevilla y el Parque Tecnológico, si bien en 2018 fueron suspendidas de nuevo.
En el otoño de 2019, recordémoslo, el entonces nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs anunciaba su decisión de rescindir el contrato de obras del citado tramo de la infraestructura comprendido entre la estación Pablo de Olavide y el Parque Tecnológico, ante la petición expresa de la UTE adjudicataria, constituida entre Comsa y Martín Casillas, bajo la premisa de que la suspensión de los trabajos acordada en 2018 había superado el plazo de ocho meses.
Según el actual Gobierno andaluz del PP, en 2019 la Comisión Europea retiró además la financiación concedida para el proyecto ante la situación del mismo, optando entonces la Administración andaluza por reformular la actuación ante las autoridades comunitarias, empezando "de cero" y presentando de nuevo el proyecto, recuperando finalmente los fondos europeos necesarios para la iniciativa.
Actualmente, la Consejería de Fomento e Infraestructuras, dirigida por la popular Marifrán Carazo, tiene contratada la reparación de los daños por vandalismo, robo y expolio perpetrados en la plataforma tranviaria, unos trabajos ya iniciados; al igual que el diseño técnico del edificio de los talleres y cocheras y de la electrificación de la infraestructura, entre otras medidas.
Además, meses atrás era licitada la fabricación y adquisición de seis trenes para este tranvía de Alcalá, el mayor de los nuevos contratos licitados hasta ahora al superar los 32 millones de euros la cuantía del mismo.
En ese sentido, el proyecto presupuestario de la Junta de Andalucía para el vigente año 2023 recoge más de 81,7 millones para el conjunto del proyecto del tranvía de Alcalá de Guadaíra, contemplando por ejemplo tres millones para las futuras obras de los talleres, ramales y cocheras, más de 8,6 millones para conectar la plataforma tranviaria con la línea uno del metro y otros 8,6 millones para el material rodante, entre otros conceptos.
En ese sentido, el Gobierno andaluz del PP viene defendiendo que ha "rescatado" en toda regla el proyecto tras tantas vicisitudes e "incertidumbres", defendiendo el "impulso" aplicado, mientras la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, la socialista Ana Isabel Jiménez, solicita cumplir los plazos que dio la consejera de Fometo en junio de 2021, cuando indicó que las obras comenzarían "en 2022".
Una vez en servicio, se prevé que el tranvía de Alcalá tenga una demanda de 8.579 viajeros al día solo en su primer año. Serán más de 2,1 millones de desplazamientos anuales y 2.560 personas dejarán de usar el coche en el primer año, lo que se traducirá en una reducción de 4.130 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.
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