Andalucía

El PP exige invertir la partida de la deuda histórica de Educación en erradicar las caracolas

El PP exigió ayer al Gobierno andaluz que destine los 122,1 millones de euros consignados para educación en los presupuestos autonómicos para 2010 y vinculados al cobro de la deuda histórica se destinen a erradicar las 723 aulas prefabricadas -caracolas- aún existentes en la comunidad andaluza.

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  • Esperanza Oña y Ricardo Tarno en la rueda de prensa. -
El PP exigió ayer al Gobierno andaluz que destine los 122,1 millones de euros consignados para educación en los presupuestos autonómicos para 2010 y vinculados al cobro de la deuda histórica se destinen a erradicar las 723 aulas prefabricadas -caracolas- aún existentes en la comunidad andaluza.

Esta petición fue realizada en rueda de prensa por la portavoz popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, quien señaló que este dinero del cobro de la deuda histórica que en los presupuestos se destinan a la Educación propiciaría la construcción de 59 centros escolares en Andalucía.

"Con los 122,1 millones de euros vinculados a la deuda histórica se pueden construir 55 centros educativos pero estamos seguros de que no se van a construir porque la deuda histórica no se va a cobrar en dinero, lo que demuestra además que la educación no forma parte de las prioridades del Gobierno andaluz", afirmó Oña.

Tras reclamar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que "dé la cara" en este asunto, recordó que después de 30 años con el PSOE en el poder las aulas prefabricadas siguen incrementándose en la comunidad andaluza, ya que han pasado de las 645 existentes en el curso 2004-2005 a las 723 del 2008-2009.

Los datos, recogidos de una respuesta parlamentaria escrita de la Consejería de Educación al grupo parlamentario popular, ponen de manifiesto que en Andalucía hay 78 "caracolas" más que hace cuatro años y que de un total de 16.125 alumnos acogidos en estas aulas durante el curso se han pasado a los casi 20.000 actuales.

Según la dirigente del PP, si en Andalucía hay 2.973 centros públicos que acogen a un total de 1,8 millones de alumnos, la media por cada centro es de 339 alumnos, por lo que si se cogieran los 122,1 millones de euros consignados para Educación y vinculados al cobro de la deuda histórica se podrían construir 59 centros escolares que "acabarían" con las aulas prefabricadas en Andalucía.

"Y si no se hace será porque no se va a cobrar la deuda histórica en dinero y porque no es una prioridad política para el Gobierno andaluz", reiteró la portavoz parlamentaria del PP, quien lamentó que ahora haya 78 "caracolas" y 3.205 alumnos más que cuando se puso en marcha en 2005 el Plan Mejor Escuela.

Según los datos ofrecidos por el PP, en los últimos cuatro años las aulas prefabricadas se han incrementado en siete en la provincia de Almería; en diez en Cádiz; en seis en Córdoba; en 49 en Granada; se han reducido en 24 en Huelva y en 23 en Jaén; se han incrementado en 35 en Málaga y en 18 en Sevilla.

Estas cifras ponen de manifiesto que para el Gobierno andaluz no es una prioridad la política educativa, según Oña, quien recordó que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que menos invierte por alumno en esta materia y que la educación aún supone un 4,8 por ciento del PIB andaluz.

"Al Gobierno no le importa, de manera deliberada, el nivel de la educación en Andalucía y los niños andaluces están pagando las prioridades presupuestarias del Ejecutivo de Griñán", apuntó la portavoz parlamentaria del PP, quien recordó que Andalucía destina mil euros menos por alumno que la media nacional.

Apuntó que el compromiso del Gobierno andaluz de contar con un ordenador por cada dos alumnos sólo abarca al 22% del alumnado, y recordó que el de la ratio sigue siendo uno de los grandes problemas de las aulas en Andalucía, ya que sigue estando por encima de la media con 28,9 por aula.

En opinión de la dirigente popular, las "bondades" del Estatuto de Autonomía en la que se habla del cobro de la deuda histórica en metálico ha quedado "ultrajado" por culpa del "sectarismo" del presidente de la Junta, quien, a juicio de Oña, ha permitido que se produzca un acuerdo sobre la deuda histórica que va contra una Ley Orgánica que supone el texto estatutario.

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