El traslado del proyecto de dragado de profundización del estuario del río Guadalquivir al seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla con vistas a su validación y posterior licitación podría verse retrasado por una prórroga en las mediciones.
En concreto, según ha indicado el presidente del Puerto sevillano, Manuel Fernández, aunque aún no es seguro todo apunta a que la moratoria establecida para la batimetría del cauce fluvial -estudio de las profundidades, en este caso para averiguar los niveles de acumulación/lodo del fondo del Guadalquivir- imposibilitarán que la iniciativa pueda llegar a tiempo a la próxima sesión del consejo, que se celebrará en febrero. No obstante, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha manifestado que la mayoría de las actuaciones están ya finalizadas.
Con la aprobación del proyecto se cumpliría el “compromiso” adquirido respecto a una intervención que se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora de acceso marítimo al Puerto, que ya cuenta con la nueva esclusa. La previsión es licitar las obras durante 2013, dentro del marco financiero comunitario que finaliza precisamente antes de que concluya este año.
De esta manera, tras ser validado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, éste se remitiría al Consejo de Participación de Doñana para la emisión de un informe preceptivo no vinculante, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y, finalmente, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El presidente del Puerto de Sevilla ya aseguró que el nuevo proyecto que se está redactando recoge las recomendaciones del Dictamen de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones de las Obras de Dragado del Río Guadalquivir.
No obstante, la organización ecologista WWF anunció en su momento que está estudiando la posibilidad de llevar por la vía penal, caso de concretarse, el dragado. El responsable de la Oficina para Doñana de WWF, Juan José Carmona, subrayó que el colectivo tiene la plena convicción de que si este proceso acabara materializándose “el asunto acabará en los tribunales, en la vía administrativa seguro, y estudiamos una posible vía penal”. Y es que, a juicio de la asociación, los procedimientos “están para cumplirlos” y las administraciones no pueden “saltarse”.
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