En este sentido, la APCG lamenta que los trabajadores de Somdeco no hayan sido tenidos en cuenta por el Ayuntamiento una vez conseguido el crédito de 1.300.000 euros, avalado por la Diputación Provincial, que ha permitido que los empleados directos del Consistorio empezaran a cobrar hasta 1.600 euros a partir del viernes 12 de agosto. Al parecer, un embargo judicial de 93.000 euros impedía que los empleados de la Radio Televisión Municipal pudieran recibir su parte de lo adeudado, pero el Ayuntamiento se comprometió a solucionar el problema a lo largo de la semana pasada. Sin embargo, y según denuncian los propios compañeros de Somdeco, la realidad es que, a día de hoy, siguen sin cobrar.
La Asociación de la Prensa de la comarca comprende la difícil situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de La Línea, y la situación especialmente delicada en la que se encuentra la empresa pública Somdeco, pero, al mismo tiempo, considera que “eso no puede justificar la diferencia de trato que están sufriendo los compañeros del sector de la comunicación, que están siendo objeto de una clara discriminación con respecto al resto de empleados del Ayuntamiento”.
La APCG recuerda que los 22 trabajadores de la RTVM de La Línea no sólo se enfrentan a la ya anunciada disolución de Somdeco, y a los más que probables despidos de la totalidad de la plantilla, sino que, además, son los trabajadores municipales que más impagos y retrasos acumulan en sus nóminas. En este sentido, y según los propios afectados, a estos trabajadores aún no se les han pagado las nóminas de los meses de junio y julio, así como la extra de julio, y también se les adeuda todavía una parte de la nómina de mayo e incluso parte de la paga extra de Navidad.
La APCG, que ya lamentó en su momento que desde el Ayuntamiento aún no se haya ofrecido a estos empleados ninguna posibilidad de integración en otros departamentos municipales, exige ahora que “estos empleados públicos sean tratados exactamente igual que los demás, porque tienen los mismos derechos que ellos a percibir sus salarios, y porque lo que no puede ser es que una institución pública, como es un Ayuntamiento, se permita utilizar distintas varas de medir a la hora de tratar a sus trabajadores”:
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