La Junta, que presumía del autogobierno logrado con la reforma del Estatuto hace 10 años, adopta la tan poco autonomista decisión de tratar de devolverle al Estado la gestión del Impuesto de Sucesiones, cedido a las Autonomías en 1987. Así pues, en la clave materia fiscal la Junta, pese a la leyenda del 28-F, quiere ser una Autonomía de segunda con tal de ahorrarle a Susana Díaz el desgaste político que le supone el elevado gravamen que aplica al Impuesto frente a comunidades que lo bonifican al 99%, como Madrid, a la que, para no imitar, acusa de “dumping” fiscal.
Sin embargo, nadie se queja por que España trate de atraerse a la banca londinense con ventajas fiscales tras el Brexit. En Sevilla, Espadas se ha plegado ante C’s a rebajar el IBI para sacar adelante sus Presupuestos. Lo mismo ha hecho la Junta ante el partido naranja con rebajas impositivas para garantizarle el gobierno a Díaz.
Con autonomía fiscal, Madrid y otras comunidades han demostrando que eliminado en la práctica el Impuesto de Sucesiones crecen más y generan más empleo que Andalucía, donde la Junta penaliza a las clases medias con un tributo que grava el fruto del esfuerzo que los padres legan a sus hijos y pese a que esos bienes ya tributaron a su adquisición. La Junta no quiere autonomía fiscal, para evitarse la impopularidad del que exprime al contribuyente, de ahí su afán de que sea el Gobierno quien lo cobre y se lo entregue.
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