La propuesta realizada el pasado martes por el embajador de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez, a representantes del comité de empresa de Navantia Puerto Real sobre la posibilidad de dirigirse por carta directamente al presidente de la República Bolivariana , Hugo Chávez, para reclamar carga de trabajo para la Bahía de Cádiz y mitigar el desempleo a que se ve abocada la construcción naval, no ha dejado indiferente a nadie y tras las declaraciones del representante del Gobierno venezolano, las reacciones de políticos y sindicalistas de la provincia no se han hecho esperar.
Así, el coordinador provincial de Izquierda Unida y alcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas, mostraba ayer su “satisfacción” por la propuesta del Gobierno bolivariano y señalaba que “esto abre unas expectativas muy buenas y una vía de futuro para el sector naval de la Bahía de Cádiz”.
Además, Cárdenas destacó la “transparencia” con que se plantea la iniciativa y la “importancia” de que sean los propios trabajadores quienes lideren esta búsqueda de carga de trabajo fuera de las fronteras españolas.
Una iniciativa que ha sido rechazada de plano por la alcaldesa de Cádiz y diputada nacional, Teófila Martínez, quien aseguró que “el papel de los trabajadores en los astilleros debe ser el de construir barcos y dejar a los directivos de Navantia y al Gobierno español la búsqueda de carga de trabajo. No es una responsabilidad del trabajador buscar barcos para construir. Para que queremos a las direcciones de las empresas públicas o a los políticos”.
Martínez puso de manifiesto que hay que decirle a Hugo Chávez que “En España, las cosas no funcionan así. Aquí es el Gobierno o las empresas públicas, en el caso de Navantia, quien debe negociar la llegada de los barcos”.
“El embajador de Venezuela habrá hecho esas declaraciones guiado por buenas intenciones, no lo dudo, pero repito que no son los trabajadores los que deben buscarle la carga de trabajo a Navantia”.
Sin embargo, el coordinador provincial de IU considera que el papel del Gobierno español es cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores en 2004, dotar de presupuesto la segunda fase de los Buques de Acción Marítima y no poner obstáculos si otros trabajan para traer carga de trabajo a la Bahía. “Es una forma muy bonita de hacer las cosas y de que los trabajadores asuman el liderazgo en esta causa”.
Un liderazgo que Martínez no comparte y que sin embargo ha dejado en muy mal lugar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la ministra de Defensa, Carme Chacón y al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que son realmente los responsables de gestionar la llegada de carga de trabajo a los astilleros.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Ramón Linares, ha señalado que las declaraciones realizadas por el embajador de Venezuela responden a una iniciativa anterior de CCOO quien había mantenido contactos con el embajador venezolano con la mediación del alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso.
Según Linares, el sindicato tuvo conocimiento de un plan de negocio de construcción naval civil y militar venezolano y quería saber de primera mano si existía dicho plan. Así, “ante la inoperancia del Gobierno español de apoyo a Navantia en sus negociaciones para buscar carga de trabajo, nos dirigimos al Gobierno venezolano para ver si era posible la continuidad de la relación entre Navantia y Venezuela con otro proyecto. El embajador no trasmitió la manera en que podemos canalizar esa petición a través de un acuerdo de los trabajadores del sector naval planteándole la situación de desempleo que existe en la Bahía y los beneficios que un nuevo contrato traería”, dijo Linares.
Así, el coordinador provincial de Izquierda Unida y alcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas, mostraba ayer su “satisfacción” por la propuesta del Gobierno bolivariano y señalaba que “esto abre unas expectativas muy buenas y una vía de futuro para el sector naval de la Bahía de Cádiz”.
Además, Cárdenas destacó la “transparencia” con que se plantea la iniciativa y la “importancia” de que sean los propios trabajadores quienes lideren esta búsqueda de carga de trabajo fuera de las fronteras españolas.
Una iniciativa que ha sido rechazada de plano por la alcaldesa de Cádiz y diputada nacional, Teófila Martínez, quien aseguró que “el papel de los trabajadores en los astilleros debe ser el de construir barcos y dejar a los directivos de Navantia y al Gobierno español la búsqueda de carga de trabajo. No es una responsabilidad del trabajador buscar barcos para construir. Para que queremos a las direcciones de las empresas públicas o a los políticos”.
Martínez puso de manifiesto que hay que decirle a Hugo Chávez que “En España, las cosas no funcionan así. Aquí es el Gobierno o las empresas públicas, en el caso de Navantia, quien debe negociar la llegada de los barcos”.
“El embajador de Venezuela habrá hecho esas declaraciones guiado por buenas intenciones, no lo dudo, pero repito que no son los trabajadores los que deben buscarle la carga de trabajo a Navantia”.
Sin embargo, el coordinador provincial de IU considera que el papel del Gobierno español es cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores en 2004, dotar de presupuesto la segunda fase de los Buques de Acción Marítima y no poner obstáculos si otros trabajan para traer carga de trabajo a la Bahía. “Es una forma muy bonita de hacer las cosas y de que los trabajadores asuman el liderazgo en esta causa”.
Un liderazgo que Martínez no comparte y que sin embargo ha dejado en muy mal lugar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la ministra de Defensa, Carme Chacón y al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que son realmente los responsables de gestionar la llegada de carga de trabajo a los astilleros.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Ramón Linares, ha señalado que las declaraciones realizadas por el embajador de Venezuela responden a una iniciativa anterior de CCOO quien había mantenido contactos con el embajador venezolano con la mediación del alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso.
Según Linares, el sindicato tuvo conocimiento de un plan de negocio de construcción naval civil y militar venezolano y quería saber de primera mano si existía dicho plan. Así, “ante la inoperancia del Gobierno español de apoyo a Navantia en sus negociaciones para buscar carga de trabajo, nos dirigimos al Gobierno venezolano para ver si era posible la continuidad de la relación entre Navantia y Venezuela con otro proyecto. El embajador no trasmitió la manera en que podemos canalizar esa petición a través de un acuerdo de los trabajadores del sector naval planteándole la situación de desempleo que existe en la Bahía y los beneficios que un nuevo contrato traería”, dijo Linares.
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