Un total de 46 estados han formalizado en el seno de la Conferencia Ministerial de la Organización Marítima Internacional (OMI) su adhesión a la ‘Declaración de Torremolinos’ para apoyar un acuerdo sobre pesca legal y segura. Se trata de un instrumento político no legalmente vinculante en que expresan su determinación de garantizar que el ‘Acuerdo de Ciudad del Cabo’ alcance los criterios de entrada en vigor para el décimo aniversario de su adopción, que se cumplirá el próximo 11 de octubre de 2022.
El ‘Acuerdo de Ciudad del Cabo’ de 2012, que desarrolla y gradúa los acuerdos del ‘Convenio Internacional de Torremolinos’ alcanzados en la Conferencia Diplomática Internacional de 1977 y el ‘Protocolo de Torremolinos’ 1993 de esta organización de Naciones Unidas (ONU), trata de establecer un marco legal internacional de seguridad obligatoria para los buques pesqueros, la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector pesquero, la prevención de la contaminación del mar, la mayor protección de las aguas polares, la expansión de las medidas de cumplimiento para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la reducción de los riesgos para los servicios de búsqueda y salvamento.
Hasta ahora, tan solo 11 de los 22 estados necesarios como mínimo, que sumen un total de 3.600 embarcaciones pesqueras de 24 metros de eslora o más que operen en alta mar, se habían sumado.
En la Conferencia Ministerial y en una ceremonia desarrollada a última hora de la tarde del lunes, formalizaron su adhesión las Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe, lo que eleva a 13 ese número de países. Los ministros y altos representantes de otros 33 estados suscribieron también la ‘Declaración de Torremolinos’ y se comprometen a sumarse al ‘Acuerdo de Ciudad del Cabo’ en dos años.
Los países ya adheridos formalmente y que han ratificado el ‘Acuerdo de Ciudad del Cabo’ en la cumbre ministerial de Torremolinos son Bélgica, Congo, Islas Cook, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y España.
El compromiso de los estados se limita a expresar la voluntad política de tomar medidas para que entre en vigor el ‘Acuerdo de Ciudad del Cabo’ para el 11 de octubre de 2022, y para promover el Acuerdo, reconociendo que la efectividad final del instrumento depende del apoyo generalizado de los Estados, en su calidad de Estados del pabellón, Estados del puerto y Estados costeros.
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