El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, considera que ubicar la Ciudad de la Justicia de la capital andaluza en Palmas Altas sería "un desplazamiento concertado de órganos unipersonales" pero no una Ciudad de la Justicia como tal, teniendo en cuenta los términos de este proyecto publicados en los medios de comunicación pues hasta la fecha no ha tenido información oficial al respecto.
Así se ha manifestado el máximo responsable de la Fiscalía Provincial de Sevilla después de que se haya conocido públicamente una nueva posible ubicación para el tan tratado proyecto de Ciudad de la Justicia para la ciudad hispalense.
En este sentido, el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cardenete, "garantizó que durante este mandato si todo va bien, dentro de la prudencia que hay que tener en estas primeras semanas de Gobierno, este proyecto supone una vía de posible gran solución, después de cinco ubicaciones previas".
Según Cardenete, el anterior Ejecutivo socialista "avanzó bastante en una posibilidad real" que era aprovechar las instalaciones del Campus de Palmas Altas que ahora comparten tanto Abengoa como la Universidad Loyola, a sabiendas de que la Universidad se marcha en septiembre al nuevo campus en Dos Hermanas y que la empresa tecnológica también ha anunciado su salida para este verano.
Se trata de instalaciones con siete edificios donde se ha hecho un estudio de viabilidad y de espacio que podría ser ocupado para desarrollar esa Ciudad de la Justicia que se viene demandando tanto por parte de jueces y letrados, como por parte de la ciudadanía.
El gobierno saliente dejó un informe donde se analizan las
posibilidades de esos siete edificios, con casi 48.000 metros cuadrados, a nivel de viabilidad física para trasladar prácticamente todos los órganos unipersonales del partido judicial de Sevilla, a sabiendas de que prácticamente quedaría en el Prado de San Sebastián el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía Provincial y, probablemente, el Registro Civil debido a la proximidad con el ciudadano.
LA DISGREGACIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS ES DE 700 METROS
Precisamente a este respecto se ha referido el fiscal jefe de Sevilla en declaraciones a los medios, atendiendo a lo que ha conocido por la prensa, pues no tiene información oficial de este proyecto. "No es una Ciudad de la Justicia, sino un desplazamiento concertado de órganos unipersonales", ha afirmado.
"Si no se concentran todos los órganos, los profesionales tendrá que desplazarse de un lado a otro. La disgregación actual de órganos --entre los juzgados del Prado y los juzgados de la zona de Viapol-- es de 700 metros, en Palmas Altas sería de kilómetros", ha añadido.
La Junta, según explicó Cardenete, tiene este asunto en "cartera" y este viernes el vicepresidente, Juan Marín, en calidad de consejero de Justicia, se reunirá con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), para abordarlo.
Igualmente, la Junta es consciente de que Palmas Altas tiene "un problema de acceso", por eso Marín, en la reunión del próximo viernes con Espadas, va a plantear al alcalde que, para que todo esto acabe en buen puerto, "haya nuevos accesos, pues los hay pero todavía no lo suficientes".
Por último, Cardenete apostilla que en este asunto "no sólo hay que valorar la parte interna de ubicación del edificio, sino el cómo llegar y que haya un servicio disponible para los ciudadanos".
"LO QUE SE DECIDA, QUE SE EJECUTE"
Sobre esta cuestión, Luis Fernández Arévalo ha afirmado que el acceso de los ciudadanos, "mientras no se establezcan redes de comunicación, no está asegurado". Por ello, "cualquier afirmación o previsión de instalación de accesos sería una hipótesis o un futurible", ha insistido.
No obstante, el fiscal jefe de Sevilla ha subrayado que la localización es materia de la Administración con competencias ejecutivas, esto es, la Junta de Andalucía, apostillando que cualquier proyecto en suelo municipal requerirá de un acuerdo con el Ayuntamiento.
Fernández Arévalo, que ha reiterado la importancia de garantizar el acceso y la movilidad a todos los ciudadanos, califica de "positivo" que surja el debate de la ubicación de la Ciudad de la Justicia en Sevilla porque "si no se suscita el problema no se buscan soluciones", advirtiendo, no obstante, de que entre que se concibe un proyecto y se inaugura transcurre "cuatro o cinco años mínimos".
Cuestionado por los medios por su preferencia entre el proyecto de Palmas Altas o el 'Distrito Judicial' en el Prado presentado de forma conjunta por el Colegio de Abogados de Sevilla y el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla al Ayuntamiento de la ciudad, el fiscal jefe ha asegurado que su "preferencia" es que "lo que se decida, se ejecute, garantizando la accesibilidad a los ciudadanos y a los profesionales", recordando que la ubicación es competencia de la Junta.
"Que se haga" es lo que pide Fernández Arévalo, que espera que "no haya dispersión" de órganos, sino que todos estén "juntos" para ofrecer un buen servicio público y garantizar la accesibilidad.
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