Hace más de dos años que las monjas clarisas capuchinas, del convento de Nuestra Señora del Rosario de San Fernando, se vieron obligadas a abandonar el convento, siendo trasladadas al convento de San Miguel en el Puerto de Santa María.
Desde entonces, el convento está vacío, pues no se ha cumplido a día de hoy el anuncio del obispo diocesano de que una nueva orden, procedente de Madrid, ocuparía el convento.
Desde 1973, Carmen Guerrero llegó a San Fernando para vivir y trabajar junto a su marido, Ildefonso Portillo, en la casa del convento de las capuchinas, donde también duermen sacerdotes cuando así lo han requerido.
Las monjas capuchinas hicieron entonces un contrato a Portillo. Ella, que era la encargada de atender a las religiosas, abrir el convento y de limpiar, recibía lo que se denomina como una retribución en especie con la casa, alimentos o el pago de la luz y el agua, por ese trabajo. Así se reconoce en un documento de 2008 firmado por la abadesa del convento, Sor Inmaculada Crespo, ya fallecida, para plasmar lo que era un acuerdo tácito con la familia.
Un anuncio por burofax
En noviembre de 2018, el matrimonio recibió un burofax informando del desahucio. Este juicio ya se celebró en marzo, pero mañana miércoles está fijado otro juicio, el de Carmen Guerrero para defender que estos más de 40 años desempeñó un trabajo, pese a que nadie la dio de alta en la Seguridad Social.
Andalucía Directo se hizo eco de este desahucio en su edición del miércoles, pero el jueves Antena 3 abrió también con este desahucio, al igual que el informativo Al Día, de Cuatro, que lo hizo el viernes. Además, otros medios nacionales también se han hecho eco, sumando el capítulo de despidos del Obispado.
El convento de las capuchinas ha sido el protagonista esta semana en los medios.
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