Actualizado: 10:53 CET
Miercoles, 25/04/2018

El jardín de Bomarzo

Prisioneros del sistema

Conste, los empleados públicos no tienen la culpa de nada, sí un sistema que ha hecho prisioneros y que ha permitido que la administración local no se maneje por convenios nacionales

Muchos y variados han sido los análisis que sobre el nuevo paquete de recortes presentado por Rajoy se han hecho durante estos días y no seré quien insista en lo mismo porque, depende de para quién, resultará acertado, necesario, inevitable o injustificado, sorprendente en todo caso a tenor de lo políticamente prometido no hace mucho por los mismos que hoy ejecutan con fino bisturí. Preferiría un solo corte, aún amputando más, a tanta visita al quirófano que van a terminar matándonos de un susto antes que por el mal que hasta allí nos llevó. Si la burbuja y los bancos nos han metido en el lío, puestos a ahorrar resulta, cosa que ya todos sabíamos, que este país no puede costearse la administración pública que soporta y cuya reforma se ha convertido en claro objetivo de reajuste de cara a los próximos años. Mientras que el sector privado ha perdido casi tres millones de empleos en estos años de crisis, la administración pública ha crecido en casi trescientos mil puestos durante ese mismo periodo y en base a que no se ha acotado una reforma para el sector tan evidente como necesaria y que hoy siembra de temores a quienes el sistema catalogó como trabajadores intocables. Y hoy el sistema les descuelga ese cartel, les rebaja sueldos, quita pagas, ordena disolución de empresas públicas, aprueba privatizaciones y ERES y agiliza su movilidad, mientras incrédulos observan no creyéndose lo que ven y limitados porque no hay amparo social, más bien lo contrario. Y, conste, los empleados públicos no tienen la culpa de nada, sí un sistema que ha hecho prisioneros y que ha permitido que la administración local no se maneje por convenios nacionales de manera que un Policía Local pueda ganar en Jerez o Motril el doble de lo que lo hace un colega suyo del mismo rango en Burgos o Pontevedra, o que un alcalde apruebe en Pleno su propio salario, o que un Ayuntamiento determine por sí mismo su propia estructura cuando, por pura y mundana lógica, todo, en función de la población de la localidad, debería estar regulado, desde el sueldo del alcalde y concejales, número de funcionarios, áreas y competencias y, sobre todo, servicios que prestar al ciudadano que, insisto, deben ser los básicos y nunca aquellos que tengan como trasfondo interés. Ayuntamientos con dos mil funcionarios, o menos, o más, que subcontratan a empresas privadas todos los servicios básicos no tienen futuro porque la teta municipal está seca y nada hace prever que de ella mane pronto ese cálido nutriente que a tantos y tan bien alimentó gracias, entre otros, a un respaldo sindical de conveniencia que permitió convenios colectivos que deberían provocar el sonrojo de quienes los firmaron –gafas, dentista…-. Y ya no hay dinero para eso, no lo habrá y, añado, el ciudadano próximo no va a estar dispuesto a que esa teta, que la alimentamos todos con nuestros impuestos, nutra lo injustificable. Si deporte nacional es culpar a otros, responsabilidad renovada y acorde a los tiempos debería ser dejar de mirar atrás y ordenarnos porque valiente país les estamos dejando a la generación mejor formada de la historia española, esa misma que está llamada a perderse y que ahora gotea hacia el exterior en busca de las oportunidades que aquí no encuentra.

Morosidad. La morosidad pública se ha instalado en España e increíblemente nos parece normal que la Administración no pague cuando todos religiosa y forzosamente lo hacemos. Sobre esto, los ayuntamientos han presentado planes de viabilidad que les permitan devolver el préstamo con el cual han hecho frente al pago a proveedores y a partir de enero, y merced a la nueva ley de morosidad, deben hacer frente al corriente a treinta días, en muchos y sonoros casos algo absolutamente imposible de cumplir y lo dramático es que aún sabiéndolo no gestionan su realidad y caminan inexorablemente hacia la intervención. O mucho me equivoco o la próxima sangría en materia de empleo se va a producir por ahí, ya lo está diciendo Europa, lo recepciona y transmite Rajoy, no sé si lo captan las entidades locales y, para su desgracia, lo empiezan a percibir esos empleados públicos que durante décadas han estado protegidos por esa jaula dorada que ha protegido al sector y cuyos barrotes está destrozando esta crisis. Y en la selva, que es lo que rodea a mi jaula, llueve, hace frío, merodean depredadores de todo tipo y los gusanitos del sustento están rifados. Metafórico, tengo días.
Como contrapeso populista, Rajoy anuncia una reducción del treinta por ciento de concejales, lo cual, según el caso, está bien, pero como me apunta una admirada y perspicaz compañera de fatigas no sé hasta qué punto es legal arrebatar por ley un acta de concejal lograda legítimamente cuando la propia constitución apunta que las leyes desfavorables no son retroactivas, lo cual nos hace pensar, a mi amiga y a mí, que este anuncio es como la vaselina para introducir más suave, y elijan orificio, el anunciado incremento de IVA y el recorte salarial múltiple y lo otro, es decir lo suyo, se aplicará a partir de la próximas municipales, que son en 2015, si Dios para entonces y su Santa Iglesia, que no ha sido recortada como partidos políticos o sindicatos, estiman que este terruño nacional permanezca donde está. Que a saber.

Los secretos. En un país donde casi todo se sabe llama la atención que no aparezcan determinadas cifras como, por ejemplo, el número de políticos ligados a la administración pública o, aún más hondo en el baúl de los secretos, el de liberados sindicales. Un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia y publicado recientemente indica que España tiene 445.568 políticos ligados a la administración, 300.000 más que Alemania y el doble que Italia o Francia, que, de ser necesarios, bienvenidos sean, pero no es esa la sensación. El mismo estudio indica que en cuanto a liberados sindicales hay nada menos que 65.130 y es la primera vez que en esta materia se redondea una cifra, lo cual debería provocar el rubor de aquellos que tan magnánimamente enseguida convocan huelgas generales para paralizar el país. Detalles del sistema, éste que nos ha hecho prisioneros de la galopante crisis que nos azota y de la cual no saldremos hasta que todos cojamos el mismo paso y no solo se apriete por donde es más fácil, que viene siendo el ciudadano, el empleado público, el impuesto. ¿Un ERE? No, cientos.

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