Cuarenta años de dictadura franquista dejaron una amplia huella en la sociedad durante la Transición, un periodo en el que ejercer la libertad de expresión entrañaba el riesgo de sufrir un proceso judicial o, en el peor de los casos, un atentado, como el perpetrado con un paquete bomba contra la revista 'El Papus', en el que hubo un muerto y casi una veintena de heridos.
El clima de intolerancia heredado del franquismo que envolvió esa época queda reflejado como trasfondo en el libro "Ofendidos y censores. La lucha por la libertad de expresión (1975-1984)", del catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, editado por Publicaciones de la UA y la editorial Renacimiento.
Este autor, especialista en temas relacionados con el humor y la memoria histórica, desgrana en este trabajo un conjunto de historias y hechos cuyos protagonistas, muy variopintos, fueron víctimas de la intolerancia, la censura o la represión por parte de un sector inmovilista que acaparaba parcelas de poder y que se escudaba muchas veces en el delito de escándalo público, derogado en 1988.
Los procesos contra cinco actores de Els Joglars por el espectáculo "La torna" (1977), contra la cineasta Pilar Miró por la película "El crimen de Cuenca" (1979), contra la artista del 'destape' Susana Estrada -fue sometida a un total de trece- y contra el grupo femenino vasco de punk rock Las Vulpes por interpreta la canción "Me gusta ser una zorra" en el programa de TVE 'Caja de ritmos', que se emitía en horario infantil (1983), o la bomba que explotó en la redacción de la revista de humor satírico 'El Papus' con una víctima mortal (1977) son algunos de los episodios que recoge esta publicación.
El profesor recuerda también acontecimientos menos populares como el artefacto explosivo colocado en un cine de Alcoy (Alicante) porque se proyectaba una cinta polémica sobre San Vicente Ferrer, dirigida por Carles Mira y protagonizada por Albert Boadella, o el suceso ocurrido "en unas fiestas patronales en el pueblo de Súria (Barcelona), donde unos jóvenes asistieron a un acto sin corbata cuando les obligaban a ello y, en el forcejeo con la Guardia Civil, uno de aquellos 'descorbatados' acabó muerto".
La libertad de expresión "se consagra en la Constitución de 1978, pero cuando se pone en vigor la Carta Magna buena parte de la legislación vigente entonces planteaba muchas restricciones" para ejercer ese derecho, ha explicado Ríos Carratalá en una entrevista con EFE.
A partir del 78 hubo "la opción" de derogar toda la legislación anterior por ser preconstitucional o de ir adaptándola al texto constitucional, y "se optó por esta segunda vía", por lo que la libertad de expresión se ganó "poco a poco" en la práctica tras una ardua lucha que duró más de diez años, hasta 1988, cuando se suprimió el delito de escándalo público, ha indicado.
Según Ríos Carratalá, "la intolerancia puramente franquista caló profundamente, ya que cuarenta años de dictadura dejaron una amplia huella" en ese periodo histórico, de manera que "cada vez que había una manifestación o un acto que molestaba se emprendían acciones que casi siempre acababan en la judicatura".
El delito de escándalo, un "concepto tan moldeable" al que se recurriría entonces para impedir o limitar la libertad de expresión, se abolió a raíz del suicido de un joven que fue denunciado junto con su pareja por besarse en un bar en Extremadura, ha señalado.
La libertad de expresión implica respetar que ese derecho lo pueda ejercer también "quien te puede molestar o, incluso, ofender en algún sentido", ha recalcado.
Ríos Carratalá considera imprescindible recuperar ese momento de nuestra historia reciente para no cometer los mismos errores en el presente y en el futuro porque "frente a la imposición, a la reacción violenta, está la necesidad de escuchar y dialogar" con el "otro, con el diferente".
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